"La pena de muerte no es algo sobre lo que puedas pedir a la gente que decida"

Madrid

Normalmente las informaciones sobre el día internacional contra la pena de muerte suelen empezar ofreciendo datos malos sobre una condena inhumana aplicada cada año a cientos de personas en el mundo. Esta vez vamos a empezar por algo bueno. Con Mongolia. En ese país del corazón de Asia, la pena de muerte estaba vigente para cinco delitos, incluyendo dos delitos comunes. En 2007 por ejemplo había 45 condenados a muerte en cárceles del país, pero no se sabe cuántos fueron ejecutados, porque en un alarde de crueldad y oscurantismo, todo se hacía en secreto. Las familias de los condenados (sólo los hombres podían recibir la pena máxima) no eran informadas cuando su ser querido era ejecutado.

En un momento histórico para Mongolia, de transición a la democracia, Tsakhiagiin Elbegdorj, un político clave en ese proceso de cambio, llegó a la presidencia en 2009. Conocido abolicionista, usó su prerrogativa presidencial para ir conmutando todas las sentencias, hasta que estableció una moratoria. Cuando fue reelegido para un segundo mandato en 2013 consiguió convertir esa moratoria en un cambio legal, que hace que a día de hoy Mongolia esté entre los 107 países libres de pena de muerte.

A su paso por Madrid nos explica, como miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (ICOMDP) lo complicado que es, pero lo positivo que resulta este proceso. "Hay muchos problemas que puedes consultar con tu sociedad y pedir su consentimiento. Pero no en la pena de muerte", concluye. Su opinión es que muchas veces las sociedades parten de posiciones favorables a esta pena, y sólo el liderazgo político adecuado consigue cambiarlo. Él lo hizo gradualmente, primero con la moratoria, luego trabajando con la sociedad mongola y los legisladores, y pidiendo el apoyo de la comunidad internacional. "Tienes que ejercer tu liderazgo, y si lo haces la gente te va a seguir, como fue nuestro caso" nos explica.

Mongolia es una isla abolicionista en un océano de países con pena de muerte: sólo 11 de 46 estados en Asia la han eliminado por completo de sus sistemas legales. Y lo que es peor, la segunda potencial mundial, China, ejecuta cada año a tanta gente como el resto de países juntos (eso según los datos indirectos, porque no hay información oficial).

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Además de Europa, América Latina son espacios casi libres de pena de muerte. La tendencia en África es muy positiva, con Burkina Faso sumándose este mismo año a la lista. Pero Asia sigue resisitiéndose. "Asia sigue siendo un continente muy diverso, y sigue teniendo más dictaduras que democracias", dice Elbegdorj "y por eso necesitamos más gente desde Asia involucrada en esto, se está haciendo un trabajo de fondo paso a paso".

Por ejemplo la Comisión contra la pena de Muerte ha tenido su última visita a Corea del Sur. "Llevan más de 20 años sin ejecutar -explica Rajiv Narayan, director de Política de esta comisión,- pero hay 61 condenados que mientras se cambia la ley afrontan la posibilidad de ejecución en cualquier momento".

Porque el problema de la pena de muerte no es lo que supone en si, matar a otra persona con la sanción del Estado. El problema es también todo lo que la rodea. El japonés Iwao Hakamada pasó 45 años esperando su ejecución, hasta que en 2014 fue exonerado del crimen por el que fue condenado. "Todos esos años estuvo en prisión aislado -cuenta Narayan-, y para hacerlo peor aún, allí no te dan fecha de ejecución, así que cada día de esos 45 años estuvo esperando".

A esto hay que añadir que en muchos casos los encarcelamientos se hacen en condiciones infrahumanas, en cárceles superpobladas, sin acceso a una asistencia legal adecuada, y eso acrecienta la tortura. "Es el fenómeno del corredor de la muerte, sigue Narayan. Eso afecta a los prisioneros, se extiende a las familias; las familias de las víctimas tampoco pueden pasar página. Incluso a quienes trabajan en las cárceles sufren psicológicamente por el estrés, acaban desarrollando un trauma".

Una de las organizaciones con más años de lucha a sus espaldas contra la pena de muerte es Amnistía Internacional, que elabora informes anuales sobre una práctica que condenan en todos los casos, sea cual sea el delito cometido. Este año su campaña se centra precisamente en denunciar las condiciones de vida de quienes esperan su muerte. Pero también en que la comunidad internacional presione a los 'grandes' de la pena de muerte: China, Estados Unidos, Irán, India o Indonesia. "Necesitamos el liderazgo de Europa en esto", pide el expresidente de Mongolia Elbegdorj.

La última ejecución en España se hizo en 1975, bajo la dictadura de Franco. La constitución del 78 la abolió del código penal, pero no del militar (eso llegó en 1995). A pesar de los debates recurrentes cuando se produce algún crimen mediático, la posición de la sociedad española es claramente abolicionista. Y cada vez que se ha dado el caso de un español en corredores de la muerte de otros países -como es el caso de Pablo Ibar a día de hoy en Estados Unidos-, las campañas de apoyo han tenido una gran repercusión social.

Aún así hay dos cosas que le quedan por hacer a España en este campo. La primera es la de eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución (que deja abierta la posibilidad de recuperarla para el código militar) y seguir apoyando la campaña para acabar con esta práctica. "El apoyo español es vital para el movimiento abolicionista", aclara Asunta Vivó, directora ejecutiva de la comisión, que tiene su sede en Madrid, "porque la abolición de la pena de muerte es algo que se consigue con el trabajo complementario de diferentes actores sociales, por ejemplo las ongs, los estados que pueden trabajar bilateral y multilateralmente; y la creación de esta comisión es un pilar fundamental para el mundo abolicionista".