Artur Mas sobre el 9-N: "No era en absoluto consciente de cometer ninguna ilegalidad"

Madrid

El expresident catalán Artur Mas declara ya ante el Tribunal de Cuentas para responder económicamente por el gasto público que supuso la consulta soberanista del nueve de noviembre de 2014. "Estos órganos nunca fueron operativos, por tanto no tuvo ningún recorrido, yo no era en absoluto consciente de cometer ninguna ilegalidad en aquel momento", ha dicho el expresident preguntado por la puesta en marcha de estructuras de cara a realizar la consulta.

Mas, que ha rechazado hacer declaraciones a su llegada al Tribunal de Cuentas acompañado de Joana Ortega, Irene Rigau, más acusados y representantes del PdeCat como los senadores Josep Lluís Cleries o Marta Pascal además del presidente del partido. Fiscalía y Abogacía del Estado reclaman que los acusados se hagan cargo de los 5,2 millones que la consulta costó a las arcas públicas de la Generalitat que entonces dirigían.

Mas ha negado haber desobedecido al Tribunal Constitucional, que ya entonces había prohibido expresamente la consulta: "Nos guiábamos por unas mayorías parlamentarias que se habían obtenido con el derecho a decidir del pueblo catalán, unas mayorias sólidas en el Parlament que nos obligaban a imaginar caminos para consultar a la gente sobre el futuro político de Catalunya", ha dicho, añadiendo que "lo esencial era consultar al pueblo catalán, a la ciudadanía" y defendiendo que los ordenadores utilizados estaban inicialmente destinados a la enseñanza en Catalunya, para lo que se siguen utilizando en la actualidad.

Por el momento, las respuestas de Mas han ido dirigidas a descargar a la administración catalana de responsabilidad en la organización de la consulta después de la prohibición del Consdtitucional: "Hubo una crisis política", ha reconocido, tras esta prohibición, que se "pudo superar a base de imaginación y propuestas nuevas". Al final, ha reconocido, "descargamos a la administración de la responsabilidad de la organización", siendo la solución "invitar a miles de voluntarios en Catalunya que creían en ese proyecto a responsabilizarse de la organización, por eso se le cambió el nombre: de consulta pasó a proceso participativo", ha dicho.

"Una ruta"

Antes de empezar el juicio, varios miembros del PdeCat han acompañado a los acusados hasta la puerta del Tribunal de Cuentas para mostrar su apoyo. Ha sido el senador Josep Lluís Cleries quien ha asegurado que la consulta del 9-N "marcó una ruta que hemos venido siguiendo, yo creo que ahí empezó una voluntad del pueblo de Catalunya que venía reclamando el derecho a expresar su voluntad".

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Ha sido el presidente del partido, David Bonvehí, quien ha añadido que "para nosotros el 9-N fue el inicio del proceso independentista, imprescrindible para llegar al 1-O, estamos muy agradecidos al trabajo que se hizo entonces desde el Govern".

"El Gobierno español se mofa"

Mas ha insistido en descargar en los voluntarios la responsabilidad de organizar la consulta, tal y como hizo en la causa penal seguida en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya: "Nosotros cambiamos el marco de la participación y pasan tres semanas largas en donde el Tribunal Constitucional no se pronuncia", ha dicho. El Gobierno español, ha añadido "se mofa bastante de lo que íbamos a hacer, que era una cosa secundaria, irrisoria" mientras ellos iban poniendo la organización en manos de los voluntarios.

"Ahí si que comprometemos unos recursos, pero en un marco en el que no había ninguna supension del Constitucional", ha dicho, asegurando que así sortearon la prohibición judicial. "¿La finalidad política era la misma? Sí, evidentemente, consultar al pueblo de Catalunya", ha dicho, asegurado que si no pararon la maquinaria de contratación relacionada con el 9-N fue porque "había dudas sobre lo que había que hacer, aquella notificación nos llenó de dudas", argumento que ya han rechazado en el pasado por la vía penal tanto el TSJC como el Supremo. "La suspensión era genérica", ha añadido.

Sanciones a radios

El exconseller de Presidencia, Francesc Homs, también comparece desde la una del mediodía justificando las amenazas de sanción por parte de la Generalitat en 2014 a tres radios privadas, entre ellas la Cadena SER, por no emitir publicidad de la consulta del 9 de noviembre de ese año. "Si un gobierno toma esta decisión y obliga a los concesionarios a que emitan un spot en virtud del régimen concesional que tienen, aquellos que no lo hacen... yo no tengo otra alternativa. Si no, estaría prevaricando", ha dicho, justificando el envío de las cartas al Consell por su parte. "Puede discutir si la decisión en origen era procedente o no, pero una vez tomada yo tengo la obligación de que aquellos que no emiten el spot, ponerloen conocimiento del Consell Audiovisual de Catalunya, que es quien tutela las concesiones que estas frecuencias si no han cumplido con el requerimiento".

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Previamente, Homs ha justificado también que la ley audiovisual catalana habilita al Govern para sancionar a emisoras de radio que no accedan a estos requerimientos si son concesionarias públicas de una frecuencia.