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Eutanasia

El PP compara la eutanasia con la venta de órganos y la esclavitud

En su enmienda a la totalidad contra la ley del PSOE para regular la eutanasia, el PP niega que exista el derecho a morir

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. / Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Madrid

Regular el derecho a la eutanasia es como regular la venta de órganos, la esclavitud o cualquier trato o comercio degradante para el ser humano. Es la comparación que hace el PP en su enmienda a la totalidad contra la ley del PSOE que se va a debatir en el Congreso.

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Los de Pablo Casado niegan el derecho morir o a disponer de la vida y aseguran que la legalización de la eutanasia supone una agresión a los principios y valores constitucionales. En su texto alternativo defienden para los pacientes terminales o en situación de agonía una ley de cuidados paliativos con derecho a la sedación e interrupción de tratamientos aunque acorten la vida.

En el preámbulo de su texto alternativo el PP sostiene "de la misma manera que las leyes proscriben el consentimiento como legitimador de la venta de órganos o la aceptación de la esclavitud propia, o cualquier otro tipo de trato o comercio degradante para el ser humano, la exigencia de la regulación de la disposición de la propia vida como un derecho supone una agresión a los mismos principios y valores constitucionales que se invocan por algunos para la legalización de la eutanasia".

Manifestación en Madrid para en defensa de una muerte digna en noviembre de 2015.

Manifestación en Madrid para en defensa de una muerte digna en noviembre de 2015. / Marcos del Mazo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Los conservadores niegan que exista en nuestra Constitución o en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a morir ni un derecho a disponer de la vida ni a requerir a los poderes públicos asistencia para ello. Destacan que frente a la elección de la muerte, su enmienda a la totalidad se compromete con el respeto a la dignidad de las personas.

Los de Casado proponen una ley de cuidados paliativos como de Madrid o Galicia, comunidades donde gobiernan, que reconocen para los pacientes terminales o en situación de agonía la sedación o interrupción de tratamientos aunque esto acorten la vida.

 
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