El Poder Judicial pide al Gobierno que matice su prohibición de las 'narcolanchas'
El informe de la vocal Rose Bach, que mañana estudiará el pleno, critica que el ejecutivo pise terreno judicial
Algunos requisitos para considerar una embarcación como 'narcolancha' son "altamente discutibles"
Ejemplo de narcolancha prohibida porel Gobierno / Europa Press
Madrid
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana un informe que cuestiona parte de la reforma legal impulsada por el Gobierno que pretende prohibir las 'narcolanchas' como medida para luchar contra el tráfico de drogas en nuestras aguas. El texto, redactado por la vocal Roser Bach, cuestiona entre otras cosas que el ejecutivo entre en terreno de la Justicia al relacionar directamente con el narcotráfico el hecho de que una embarcación, por ejemplo, no esté matriculada.
La medida fue anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de julio después de la reunión del Consejo de Ministros: una reforma que, entre otras cosas, prohibía las lanchas neumáticas y semirrígidas tradicionalmente usadas parra introducir fardos de droga a través de nuestras costas si, entre otras cosas, no están matriculadas o si las explicaciones del dueño no coinciden con la carga o la tripulación.
El informe que mañana votará el pleno del Consejo alerta de la incidencia penal que puedan tener estos nuevos requisitos, destacando que el legislador puede estar pisando terreno judicial: el anteproyecto pone la línea roja de la legalidad en los ocho metros de eslora, así como en la potencia de los motores en 150 kilovatios. Al margen de eso, un "incumplimiento en la obligación de registro y matriculación" o "la incongruencia manifiesta entre el propósito declarado y las pertenencias náuticas".
La vocal considera que este último punto puede "comprometer el principio de legalidad penal" al introducir requisitos que entran en el terreno de las pruebas, citando estos dos requisitos "cuya cargas indiciaria es altamente discutible por hacer referencia a actos que, por sí mismos, no necesariamente apuntan a la eventual comisión de actos de contrabando". Analizar estos elementos, dice el informe, es un proceso "propio de la actividad jurisdiccional", asegurando que en este punto el Gobierno "se adelanta en esa labor" más propia de los tribunales.
"Viraje penológico"
El informe también alerta sobre el "viraje penológico" que puede suponer esta reforma con respecto de la doctrina del Tribunal Supremo, ya que en la actualidad no considera este tipo de lanchas como los "buques" que exige el artículo 370 del Código Penal para agravar una condena por tráfico de drogas.
De la misma manera, también alerta sobre la posible incidencia del anteproyecto en la calificación legal de estos delitos ya que en caso de salir adelante "la simple tenencia" de una de esas lanchas "supondría ya la comisión de un delito de contrabando", poniendo de manifiesto la vocal Bach "la necesidad de que se establezcan líneas interpretativas" en cuando al posible concurso de delitos.
