Amnistía Internacional denuncia 80 multas diarias por faltas de respeto o desobediencia a policías
Fuerzas de seguridad y colectivos de derechos humanos discrepan sobre la reforma de la ley en el arranque de las comparecencias parlamentarias para modificar una de las normas más polémicas del PP
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil pide no poner en riesgo la seguridad de los agentes, suprimiendo el aviso previo en concentraciones espontáneas o dejando sin sancion la grabación a las fuerzas de seguridad o los cacheos corporales en la vía pública
El Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas piden a los diputados la derogación de las devoluciones en caliente por vulnerar los derechos humanos y Amnistía Internacional denuncia el uso de la ley para desalentar el ejercicio de la libertad de expresión, información, reunión y manifestación
El Congreso de los Diputados / EFE
Madrid
El eterno debate libertad versus seguridad ha comenzado a evidenciarse este lunes en el inicio de las comparecencias para la reforma de la ley Mordaza, que inicia su trabajo en ponencia en el Congreso. A lo largo de esta semana serán catorce los comparecientes que desfilarán por la comisión de Interior para asesorar a sus señorías en el alcance de la refoma de una de las leyes más polémicas del PP, y cuya modificación forma parte del acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos.
Las primeras intervenciones han mostrado ya las distintas perspectivas sobre una ley controvertida desde su inicio y cuya aplicación afecta a muchos colectivos profesionales. En representación de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, el vicepresidente de la Unión de Oficiales, Javier Montes, ha remarcado que la ley ha demostrado ser una "herramienta útil" para el desempeño del trabajo policial que además ha servido para reduccir el número de infracciones y ha pedido que con su reforma no se ponga en riesgo la seguridad de los cuerpos policiales a la hora de realizar un trabajo cada vez más complejo.
Montes ha considerado una "temeridad" suprimir el aviso previo en el caso de concentraciones o manifestaciones espontáneas y ha añadido que esa comunicación anticipada es la que permite diseñar dispositivos suficientes para garantizar la seguridad ciudadana, incluida la de los promotores de la protesta. Igualmente ha pedido "seguridad jurídica" y evitar conceptos indeterminados a la hora de limitar por ejemplo los cacheos policiales en la vía pública.
"¿Cómo podemos enfrentarnos entonces a un yihadista del que se sospecha que puede cocultar un arma o un explosivo?, no siempre hay tiempo para trasladar a un sospechoso a dependencias policiales o no es suficiente un registro superficial", ha señalado, al tiempo que ha pedido que cualquier reforma tenga en cuenta las demandas de policías y guardias civiles. "Los policías y guardias civiles también tenemos derecho a que los poderes públicos nos protejan", ha concluido.
Visión muy distinta ha trasladado el presidente de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, que ha alertado sobre el "deterioro" de las libertades que está provocando la aplicación de esta ley, desalentando y dificultando el legítimo derecho a la protesta y reinvidicación social como el ejercicio de la libertad de expresión, información, reunión y manifestación. Beltrán ha ilustrado su denuncia con datos: "las ochenta multas que se interponen en España cada día sólo por la aplicación de dos artículos de esta ley: el que castiga la falta de respeto a las fuerzas de seguridad, -discrecional y ambiguo en opinión de Beltrán-, y el que sanciona episodios de desobediencia o la negativa a identificarse incluso en los casos en los que no se haya producido ningún acto violento ni delictivo". El presidente de Amnistía Internacional ha cifrado en más de 25 millones de euros la recaudación en multas que ha supuesto la aplicación de estos dos artículos.
Según Beltrán, desde su entrada en vigor en 2015 esta ley se ha utilizado específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. De igual modo, su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.
Desde el ámbito judicial la magistrada de la Audiencia Provincial, Pilar Rasillo, ha manifestado sin embargo una posición favorable a una "reforma en profundidad aunque cuidadosa y coordinada" de una ley que a su juicio está teñida de un excesivo talante sancionatorio y punitivo y que debería reformularse para que la seguridad ciudadana quede supeditada al principio de la libertad y los derechos fundamentales. Rasillo considera necesario establecer criterios de proporcionalidad y respecto a la intimidad y dignidad personal en los cacheos corporales en la vía pública y ha abogado por suprimir la sanción a los "cunderos", el transporte de drogodependientes a los lugares de venta, así como la derogación de las llamadas devoluciones en caliente, introducida a su juicio de forma inadecuada en esta ley vinculando de forma incorrecta inmigración y seguridad, o la ocupación de edificios, puesto que ya está castigada en el Código Penal.
A solicitud del PNV han comparecido también dos representantes de la Red Migrantes con Derechos, el jesuita Josep Buades y la abogada de Cáritas, María Segurado. Ambos han planteado abiertamente la supresión de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en frontera, que el Gobierno del PP introdujo mediante una enmienda a otra norma en la ley Mordaza. Tras ilustrar su intervención con distintos casos reales de inmigrantes atendidos en la valla de Melilla, han pedido a sus señorías la eliminación de esa disposición adicional por contravenir la doctrina de los organismos internacionales de Derechos Humanos y hurtar el derecho a ser escuchado y a tener asistencia letrada que ampara a todo ciudadano.
