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Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

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El gaitero José Ángel Hevia, nuevo presidente de la SGAE

Asegura que quiere llegar a acuerdos con el ministerio de Cultura. Cree necesario que no se vayan de la sociedad los críticos que quieren llevarse su repertorio a otras entidades. De momento, la nueva dirección ha pedido una tregua para lograr una salida negociada a la crisis que vive la entidad

El gaitero Hevia en una fotografía de archivo de 2006 /

Decía una canción compuesta por Teo Cardalda junto a JM Montes que “sería estupendo, que las bombas fueran globos de chicle”. Cardalda va a tener muchas posibilidades de mascar chicle porque desde esta mañana es uno de los vicepresidentes de SGAE, sociedad de gestión de derechos que debe desactivar muchos artefactos explosivos para que no sea “llevada por delante”. Aunque quizás deba también mascar chicle para descargar tensiones que, a veces -ya se sabe- son provocadas por los propios periodistas “contra los que también tenemos que luchar”.

Teo Cardalda forma parte de un equipo presidido por José Ángel Hevia, gaitero, hasta hace bien poco residente en la República Dominicana y que, con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 en contra ha llegado donde desde hace meses se había propuesto llegar. Hevia es el quinto presidente que ha tenido SGAE en los últimos 8 años.

Lo ha hecho aún sin saber si sus actividades anteriores son incompatibles, porque la comisión deontológica que debería haber estudiado su declaración de intereses no está en funcionamiento. Su caso, y las del resto de quienes han sido elegidos para la dirección de la entidad, se analizará en cuanto la dirección que él encabeza tenga a bien seleccionar a sus miembros.

Esa es una de las tareas a las que se enfrenta. No será, por razones obvias, la más complicada ni, con casi total seguridad, implicará problemas. Hay otras mucho más difíciles. Algunas casi imposibles, aunque necesarias si es que se quiere salvar a la entidad. Y no es cuestión de ordenarlas porque unas y otros (todas, en realidad) son facetas de una misma “piedra” contra la que la propia sociedad tropieza una y otra vez. Y que le ha hecho protagonizar dos investigaciones judiciales que (“presuntamente”) puedan acabar con varios ejecutivos y socios entrado en prisión.

No es que haya división en SGAE, es que se ha vivido una fratricida guerra civil que aún perdura y que ha llevado a muchos músicos a amenazar con su salida de la entidad y la retirada de sus repertorios. “Un brexit no sería bueno ni para los que se quedan ni para los que se van”, ha dicho Cardalda, que pide “una tregua que permita limpiar, arreglar”. Así que lo que se dice en alto y en público es que es esencial llegar a acuerdos para pacificar la institución.

Parece que en el intento están de acuerdo Fermín Cabal, vicepresidente de Gran Derecho (artes escénicas) y Antonio Onetti, del Colegio Audiovisual. Habrá que comprobar ahora cuán lejos llega su estratégica alianza con los músicos que trabajan en las televisiones, una parte de cuyas actividades (no todas, sólo presuntas irregularidades) están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en el caso conocido como la Rueda.

También dicen que hay voluntad de acordar con el ministerio de Cultura que ha pedido, mediante requerimiento y con fecha fija (finales de diciembre de este año) el cumplimiento de tres condiciones: la modificación de los estatutos, la puesta en marcha del voto digital y el cambio del sistema de reparto del dinero de los derechos de autor. De no hacerlo en tiempo y forma, el ministerio ha dejado claro que pedirá a la Justicia la intervención de la SGAE. En la entidad, eso sí, se aferran a la posibilidad de que la Justicia nunca llegue a dar ese paso. Es más, aseguran que ya se ha admitido un recurso contra el requerimiento ministerial.

Hevia insiste en que hay voluntad de acuerdo. Onetti en que es necesario alejarse del “clima irrespirable” en el que vive la sociedad. Cabal que hay que arreglarlo “desde adentro, tal y como ha pedido el ministerio”. 110.00 socios que desde luego no se preocupan mucho por votar vistos los mínimos porcentajes en las pasadas elecciones, y unos ingresos anuales que rondan los 271 millones de euros dependen de ello.

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