El Congreso eleva las penas para los conductores que causen accidentes con víctimas

Madrid

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una reforma del Código Penal que endurece las penas a los conductores imprudentes al volante que causen accidentes con muertos o heridos, de manera que se enfrentarán hasta a nueve años de cárcel si ocasionan varios fallecidos o hasta cuatro años de prisión si abandonan el lugar del siniestro, como así pedían víctimas y ciclistas.

La iniciativa es una proposición de ley presentada por el PP en junio de 2017 a partir de la campaña ‘Por una ley justa’, abanderada por Anna González, que perdió a su marido tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta por el arcén y cuyo conductor se marchó del lugar de los hechos y se dio a la fuga, aunque luego fue detenido y posteriormente puesto en libertad. El camionero nunca llegó a cumplir condena porque el ciclista falleció en el acto y la ley no contempla esta situación como omisión de socorro.

En el momento de las votaciones, quedaron rechazadas varias enmiendas vivas presentadas por Ciudadanos y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Finalmente, el texto tuvo 274 votos a favor, 65 en contra (de la formación liderada por Pablo Iglesias) y dos abstenciones. La iniciativa continuará su tramitación parlamentaria en el Senado antes de que quede definitivamente aprobado bien en la Cámara Alta o tras su regreso al Congreso.

Los grupos parlamentarios habían logrado un alto grado de consenso en los últimos meses después de escuchar a numerosos expertos en la materia. El pasado martes aprobaron un dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados gracias al apoyo del PP, el PSOE y Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ERC se abstuvieron.

El dictamen llegó este jueves al Pleno de la Cámara Baja. Representantes de ciclistas, como Perico Delgado, Alfonso Triviño y el campeón paralímpico Roberto Alcaide presenciaron el debate desde el hemiciclo en la tribuna de invitados.

El texto incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente, que estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión y de uno a cuatro años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados. Esa pena baja a de tres a seis meses de cárcel y de seis meses a dos años sin conducir si la fuga es fortuita.

Además, redefine los supuestos de imprudencia grave e imprudencia menos grave al volante. En el primero de ellos se incluye la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad y las penas podrían elevarse uno o dos grados más si el conductor causa la muerte o lesiona a varias personas, de manera que el máximo serían nueve años de cárcel si el número de fallecidos fuera “muy elevado”.

Y se considera imprudencia menos grave si el el juez estipula que el accidente se produjo por una infracción grave de las normas de tráfico. Los conductores que causen lesiones que requieran de tratamiento médico o quirúrgico serán castigados con una multa de tres a 12 meses.

Podemos discrepa

Los diferentes portavoces que acudieron a la tribuna de oradores mostraron su apoyo a la reforma del Código Penal, aunque algunos de ellos argumentaron ciertas reticencias. La intervención más discrepante fue la de Jaume Moya, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quien calificó el texto de “populismo punitivo” al considerar que modificar el Código Penal “no es una estrategia eficaz” para reducir los accidentes de tráfico, al tiempo que consideró la propuesta como “técnicamente deficiente”.

Moya defendió que la prevención de los accidentes de tráfico debe abordarse desde “una perspectiva integral” que incluya la educación, la concienciación, la elimintación de los puntos negros y el cumplimiento de las normas, e indicó que la propuesta mantiene “los privilegios de las compañías aseguradoras”, con lo que recriminó al PP y a Ciudadanos por no apostar por reformar la ley de seguros, y al PSOE por su “actitud huidiza” en este sentido. “Es una oportunidad perdida, hoy ganan las aseguradoras, hoy pierde la ciudadanía”, sentenció.

Por su parte, Óscar Gamazo, del PP, recordó que en la reforma del Código Penal avalada este jueves también trabajaron los exministros Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, y destacó que los populares han defendido “vehementemente” la reaparición del delito de fuga de un accidente por considerar tal actitud como “un hecho intolerable” y que la reforma legal frenará “la violencia vial”.

Pablo Bellido, del PSOE, subrayó que los grupos parlamentarios habían alcanzado “un acuerdo unánime” con el texto hasta el pasado martes en la Comisión de Justicia, indicó que el texto es “una ley justa que va de personas” y contestó a Moya de la siguiente forma: “Si un conductor sabe que tiene una mayor sanción dándose a la fuga y abandonando a la víctima que atendiéndola en el lugar del accidente y llamando a las emergencias, es posible que se salven vidas”.

Irene Rivera, de Ciudadanos, comentó que con la reforma del Código Penal “ganan las víctimas”, puesto que volverán a estar amparadas por la jurisdicción penal cuando actualmente están más desptrotegidas en el 90% de los casos (que se remiten por la vía civil), y añadió que incluye el “mensaje potente” de que “quien se fuga, la paga”.

Carolina Telechea, de Esquerra Republicana, anunció el voto favorable de su grupo “por responsabilidad”, aunque su discurso fue bastante crítico al entender que “las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo indispensable”, que las compañías aseguradoras deben “poner de su parte” y que deben acometerse otras medidas relacionadas con la educación y las inversiones en seguridad en las carreteras.

Íñigo Barandiaran, del PNV, destacó que la reforma del Código Penal pretende “dar respuesta a los colectivos de afectados, singularmente ciclistas y peatones”, si bien también abogó por otras iniciativas relacionadas con la educación, la formación de los conductores y las mejoras tecnológicas para evitar accidentes de tráfico.

Lourdes Ciuró, del PDeCAT, indicó que el incremento de la siniestralidad vial en los últimos años y la “sensación de impunidad” ante determinados accidentes obligan a modificar “el reproche penal” a los conductores, e Íñigo Alli, de UPN, comentó que la seguridad vial “no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas”.