El Gobierno levantará el secreto sobre documentos de la 'operación Kitchen'

Madrid

El Gobierno ha anunciado este viernes que en el próximo Consejo de Ministros se levantará el secreto sobre la 'operación Kitchen' para intervenir documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, cumpliendo así con la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

El anuncio lo ha realizado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Sí hemos recibido de parte del Consejo General del Poder Judicial la petición de levantamiento de documentos reservados a secreto para que se siga instruyendo el procedimiento abierto en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, y lo haremos seguramente la semana que viene en el Consejo de Ministros".

Fuentes de Moncloa han precisado al término de la rueda de prensa que la desclasificación de este material secreto será sólo para conocimiento del juez Diego De Egea, el juez de refuerzo que instruye la 'operación Tándem' por la que envió a prisión al excomisario José Manuel Villarejo, a quien se señala como urdidor de la operación en la que se captó al chófer de Bárcenas para intervenir documentación sensible para el PP.

El juez pidió no que el Gobierno autorice a una persona en concreto a prestar declaración sin los límites de las leyes de secretos oficiales o de fondos reservados, sino levantar el velo que pesa sobre el operativo de 2013 para que cualquier individuo que tenga información sobre él, sea investigado o testigo, pueda exponerla libremente en sede judicial.

En el operativo habrían estado implicados el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo y su socio, el también comisario Enrique García Castaño, ambos ya investigados en la Audiencia Nacional. Ambos habrían convertido en confidente de la Policía a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, a cambio de una mensualidad de 2.000 euros con cargo a los fondos reservados.

No sería la primera vez que un Gobierno desclasifica documentación secreta a instancias de un juez. Así sucedió con los informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, o con el atestado del siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán en 2005 en el que perdieron la vida 17 militares.

En todo caso, la diligencia del juez se desvincula de las peticiones elevadas por uno de los investigados, el comisario Enrique García Castaño, que viene solicitando al instructor que curse petición al Consejo de Ministros para poder declarar con libertad sobre secretos oficiales.

Lo hizo en dos ocasiones sobre asuntos materia de investigación en 'Tándem' relacionados con los clientes de Villarejo y volvió a pedirlo cuando salió a la luz la existencia de la 'operación Kitchen'. El juez no pide permiso para él, que podría solicitarlo individualmente al Gobierno, sino que solicita que se desclasifique todo el operativo.

De Egea ha citado a declarar el próximo 12 de diciembre en calidad de testigos al extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en el marco de la investigación de la llamada 'operación Kitchen', que es la séptima pieza del llamado 'Caso Tándem'.

Otra petición de información a Interior

Al margen de esta petición, otro juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, se ha interesado por este mismo operativo, dado que investiga la existencia de una 'caja b' en el Partido Popular y los papeles que aquel despliegue policial pudo haber sustraído a Bárcenas serían de interés para su causa.

Este juez comunicó el 16 de noviembre que había librado auto para requerir que la Secretaría de Estado de Seguridad le remitiera a la "máxima urgencia" toda la información que tenga sobre aquel operativo, incluida la relación de personas implicadas en su desarrollo, así como los documentos que fruto del despliegue se pudieran haber intervenido, dado que no le consta que se entregase ningún informe sobre esto a la Audiencia Nacional.

Esta es la clave de la cuestión, pues se trata de esclarecer si el despliegue de este operativo policial obedecía a fines fuera de la legalidad, dado que si bien es legítimo articular operaciones con cargo a fondos reservados y trabajar con confidentes, el hecho de que ningún detalle de aquel despliegue llegase a un juzgado de instrucción suscita el recelo de los investigadores.

El Congreso de los Diputados ha citado para este mes de diciembre al chófer de Bárcenas y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, así como el que fue director de la Policía, el hoy senador Ignacio Cosidó.