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Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

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La comisión creada tras la sentencia de 'la Manada' propone rebajar de 15 a 12 años la pena máxima por violación

La comisión de delitos sexuales, creada por el ministro Catalá al calor de la sentencia de 'la Manada', se reúne este jueves para cerrar la reforma del Código Penal siete meses después: suprime el concepto de abuso sexual y recupera el término violación

Concentración en Pamplona del colectivo Andrea-Lunes Lilas con el lema “No es abuso, es violación”. / ()

Siete meses después de comenzar sus trabajos, la comisión penal para reformar los delitos sexuales aprobará este jueves su propuesta definitiva para evitar polémicas sentencias como la de la Manada.

Los juristas apuestan por eliminar el delito de abusos sexuales y calificar como agresión o violación todo acto sexual sin consentimiento. Sorprendentemente la propuesta contempla una reducción de la pena por violación.

La comisión de penalistas debatirá esta mañana dos alternativas para reformar los artículos del Código Penal que se refieren a los delitos sexuales. Ambas son muy similares y plantean que quien atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento será castigado como responsable de agresión sexual o de violación.

Ambos textos coinciden también en que cuando se utilice la violencia o intimidación, cuando sean actos en grupo o la víctima sea drogada las penas serán más elevadas, hasta un máximo de 12 años de prisión en los casos de violación. Paradójicamente, tres años menos que en el actual Código Penal.

Las dos alternativas apuestan por la modificación de los artículos del 178 al 182 para que todos los delitos sexuales se denominen "de las violaciones y las agresiones sexuales" y se supriman los abusos. La diferencia es que uno de los documentos propone unificar todo bajo un mismo capítulo mientras que el otro recomienda un modelo dual y divide en dos las violaciones y agresiones en función de si son o no violentas o intimidatorias.

Sin embargo, ninguna de las dos propuestas, a las que ha tenido acceso la SER y que fueron adelantadas hace unos días por El Mundo, entra en la espinosa y controvertida cuestión de definir y delimitar qué es el consentimiento.

La vicepresidenta Calvo defendió desde el principio que si una mujer no dice sí expresamente, será delito. En la misma línea, la asociación de juristas Themis cree que debe aprovecharse la reforma para dejar claro que el consentimiento debe ser explícito y que sea el acusado el que tiene la carga de probar que hubo consentimiento.

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