El Gobierno aprueba una serie de medidas para contener el mercado del alquiler
El Consejo de Ministros da luz verde a un decreto sobre vivienda que entrará en vigor el lunes
El decreto no contempla intervenir los precios del mercado
El Gobierno alarga los contratos de alquiler y acota las fianzas pero no limita los precios / VÍDEO: ATLAS
Madrid
El gobierno socialista vuelve a los límites establecidos por la antigua ley Borrell para paliar el problema de la 'burbuja del alquiler' en las grandes ciudades. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. A partir del lunes, los nuevos contratos -la ley no tendrá carácter retroactivo- tendrán una duración mínima de 3 años ampliable a 5, si así lo desea el inquilino. Los precios en este tiempo podrán subir conforme a las condiciones que se pacten inicialmente en el contrato, que suele ser en la mayoría de los casos. Además, la prórroga la tácita se amplía de 1 a 3 años.
- CLAVES
El Gobierno también limitará a dos mensualidades la fianza a exigir y establece que sea el arrendador quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Según la regulación actual, los contratos duran como mínimo 3 años con la renta que se haya pactado inicialmente. El inquilino tiene derecho a permanecer un año más si lo desea, pero el arrendador puede subir el precio conforme a los precios del mercado libre. Esta normativa ha provocado que muchas personas se vean en dificultades económicas para permanecer en la misma vivienda debido a que los propietarios han subido considerablemente los precios de esas viviendas.
Seis millones de personas viven de alquiler actualmente en nuestro país. Según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el Gobierno busca "alcanzar el mayor equilibrio entre los derechos de las partes, arrendador y arrendatario" con estas medidas.
No obstante, el ministro ha descartado que este decreto incluya medidas encaminadas a intervenir los precios del alquiler, tal y como había acordado con Unidos Podemos en el acuerdo presupuestario, aunque no ha descartado que en los Presupuestos del próximo año, que el Gobierno aprobará en enero, se puedan incluir.
Desahucios
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Ábalos también se ha referido a la problemática derivada de los desahucios, sobre todo tras la proliferación de estos en el alquiler, un 65% de los ejecutados en el tercer trimestre fueron consecuencia de impagos en el alquiler y no en la hipoteca.
Estos desahucios en los arrendamientos, según ha afirmado el ministro, están creciendo a una tasa del 5% anual, como consecuencia de que el 42% de los hogares destinan más del 40% de su renta al alquiler, una cifra 17 puntos por encima de la media de la UE.
Por ello, a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se reforma el procedimiento de desahucio de vivienda, mejorando la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitando la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.
Presión fiscal
En el área de impuestos, se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, de manera que se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual.
Además, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) contenida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando medidas en pro del mercado de alquiler de vivienda.
De esta forma, se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos; los ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública; se habilita a los ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado; y se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.
Alquiler turístico
Frente al auge del alquiler turístico en las grandes ciudades, impulsado por plataformas como Airbnb, HomeAway o Nomura, se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable.
Así, se modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal para habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, con el fin de 'favorecer' la convivencia en los edificios de viviendas.
Accesibilidad de edificios
Con objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la accesibilidad, se modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10% el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad, en un contexto en el que cada vez hay más personas en situación de movilidad reducida.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
Próximas iniciativas
El real decreto ley también plantea la futura tramitación de una Ley estatal de Vivienda que garantice el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda en todo el Estado, configurándola como servicio público o impidiendo por Ley la enajenación del parque público de vivienda a fondos de inversión.
También contempla la construcción de 20.000 viviendas a lo largo de los próximos 4 a 6 años, destinadas de forma indefinida al alquiler; favorecer la actividad de los promotores de vivienda social posibilitando el destino de los remanentes de tesorería municipal a inversiones financieramente sostenibles.
Podemos, en contra por insuficiente
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que su formación votará en contra del decreto de vivienda del Gobierno del PSOE si no rectifica e incluye en él medidas para bajar el alquiler. Durante su visita a la Casa de Juntas de Gernika y antes de ofrecer una charla titulada "La memoria para defender las libertades" en la sala Elai Alai, Iglesias se ha referido al hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el fin de paliar la "difícil" situación del mercado y, en concreto, en las grandes ciudades.
No obstante, éste no prevé introducir medidas para intervenir los precios del mercado, una cuestión que había acordado con Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario. El líder de la formación morada ha recordado que su grupo pactó con el Ejecutivo "otra cosa". "Habíamos acordado que las medidas vivienda tenían que controlar el precio del alquiler para bajar los alquileres", ha insistido.
Por ello, ha dicho que Pacta sunt servanda, en alusión a que se debe cumplir lo pactado, y ha asegurado que, si el Gobierno incumple el acuerdo, su voto "será desfavorable". "Esperamos que rectifique y podamos llegar a un acuerdo para sacar ese decreto adelante, siempre y cuando tenga los mismos contenidos que acordamos en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado", ha concluido.
