Rectores y estudiantes piden al Gobierno que clarifique la obligación de cotizar por los becarios
Alertan de que puede reducir la oferta de prácticas y solicitan la creación de una mesa de diálogo
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Madrid
Los rectores aseguran que se han encontrado con esta nueva regulación por sorpresa en el B.O.E. del 29 de diciembre. El Gobierno la ha incluido en el decreto ley que regula la revalorización de las pensiones como disposición adicional quinta. La nueva norma obliga a dar de alta en la Seguridad Social a todos los alumnos universitarios y de FP de grado medio y superior que realicen prácticas externas. Hasta ahora solo era obligatoria la cotización si el estudiante cobraba y si eran prácticas curriculares, que se consideran una asignatura, estaban bonificadas al 100%. Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla - La Mancha y responsable de asuntos estudiantiles de la Conferencia de Rectores (CRUE- Universidades Españolas) , alerta de posibles consecuencias negativas: "Que se reduzca la oferta de prácticas a los estudiantes porque las empresas e instituciones no puedan asumir el coste de la Seguridad Social. Es un un decreto ley que puede causar graves perjuicios a los estudiantes y a la universidad". La CRUE , que agrupa a 79 universidades públicas y privadas, han pedido en un comunicado participar en el desarrollo normativo de la ley. Aseguran que celebran "el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social" pero señalan que "trata por igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas". Además dicen que "una aplicación indiscriminada del Real Decreto–ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades".
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Sobre los posibles problemas de gestión incide Ernest Pons, vicerrector de comunicación de la Universidad de Barcelona (UB): "El estudiante que tenga que darse de alta: ¿va a ser la universidad la que tenga que hacer la gestión en nombre del alumno? Las universidades no tenemos un aparato administrativo acostumbrado a hacer una gestión con la Seguridad Social porque además estamos hablando de muchos miles de estudiantes cada año. No estamos hablando de algo puntual sino generalizado".
Los rectores piden la creación urgente de una mesa de diálogo con el Gobierno para abordar " a) la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares; b) que se mantenga la bonificación del 100% para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares; c) el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente; y d) el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras".
También los estudiantes piden clarificar quién se va a hacer cargo de las cotizaciones para evitar que les perjudique y afecte a las remuneraciones o la empleabilidad de los titulados. En un comunicado la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas - que representa a más de un millón de estudiantes- "valora de forma positiva la medida del Gobierno, pero solicita de manera inmediata un diálogo para establecer una hoja de ruta ante el cambio de sistema de regulación de las prácticas académicas externas". "La nueva reforma trastoca el modelo actual de prácticas", continua la nota, "lo que supone una necesidad de cuantificar la inversión requerida para poder implementarla: la medida no refleja quién se hará cargo del importe de las cuantías, quedando al amparo del convenio entre las universidades y las entidades colaboradoras, ya sean públicas o privadas".
Trabajo cifra en 74 millones al año lo que cuesta la medida y en 530.000 los estudiantes que se verán afectados. Un portavoz del ministerio consultado por la SER asegura que lo que se busca es "dignificar el primer contacto de los jóvenes con el mundo profesional y poner coto a algunas situaciones concretas de becarios que desempeñan durante muchos meses tareas propias de un puesto de trabajo sin salario y sin cotización". Añade que la cotización de los becarios entrará en vigor en los próximos meses, cuando se desarrolle el decreto ley a través de un reglamento y que en este tiempo trabajarán para sumar la opinión de todos los actores afectados.
