Las 12 propuestas más polémicas de Vox (y su dudosa aplicación)

Madrid

Más allá de exigir una declaración institucional del nuevo presidente andaluz en favor de la devolución de las competencias de Educación o Sanidad y una condena pública a las críticas que recibe el partido ultraderechista, Vox propone al Partido Popular un batería de medidas que reafirman sus postulados más radicales entre la dudosa legalidad y la carencia de competencias.

"Van a tener muy complicado tanto PP como Cs asumir estos puntos, las ideas no son anticonstitucionales, pero son ideas de la España que quieren dibujar, de la antiEspaña, vienen a impugnar el sistema autonómico y de derecho. Es un mapa opuesto al mapa de 1978, al régimen de libertades, están proponiendo una enmienda del sistema constitucional", explica Fernando Álvarez Ossoro, quien advierte del enorme retroceso político y social de estas medidas. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla alerta de que, de todas las medidas, lo más grave es la remodelación del sistema autonómico. "Lo laminan y lo niegan, pretenden una uniformidad. Esa fue la construcción del 78 para una España diversa", explica. Estas son las 12 medidas más polémicas (y de dudosa aplicación):

1. "Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas”. Para identificar a estos colectivos argumenta que son todas “aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica". Sin especificar más, abre la puerta a una caza de brujas de grupos que vulneraría la libertad de asociación y pensamiento amparada por la Constitución.
2. "Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. La formación acusa, sin pruebas, al actual gobierno de la Junta de Andalucía de encubrir la inmigración irregular y ocultar a la Policía la documentación de 52.000 inmigrantes para su expulsión. Las competencias en materia de Extranjería son estatales, y corresponde tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional la acción en fronteras e identificación de migrantes. Vox se refiere a inmigrantes, por ejemplo, que acudan al médico en situación irregular. Exige a la Junta que los denuncie. Según el profesor Álvarez Ossorio, "proponer una expulsión colectiva es contrario a los convenios sobre derechos humanos". "A la Junta le compete la asistencia social y los menores no acompañados. Además, el Constitución ya extendió a los inmigrantes la mayoría de derechos", apunta.
3. Ilegalización de las organizaciones que, a su juicio, “favorecen la inmigración ilegal”. Es decir, prohibir por ley colectivos humanitarios que asisten, ayudan y rescatan a inmigrantes bajo el pretexto falso de colaboración con mafias ilegales.
4. Un ‘PIN parental’ para que “los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral”. Como con las televisiones o plataformas digitales, Vox quiere darle todo el poder a los padres para censurar, según sus convicciones morales, determinadas actividades.
5. Creación de una Consejería de Familia y Natalidad y promover en todas las políticas una perspectiva pro-familia y pro-natalidad.
6. Tutelar a las mujeres con embarazos no deseados para convencerlas de que no aborten. “Asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar”, dicen.
7. En el capítulo educativo piden “una garantía de que los centros de formación no difundan ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”. Es decir, que en los colegios no se hable del aborto y de la homosexualidad.
8. Defensa de los colegios que segregan por sexo. “Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir modelo educativo […] Se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada”. En este caso, el Constitucional sentenció hace menos de un año que la educación segregada por sexos “no causa discriminación y es respetuoso con la Constitución”.
9. Derogación de la ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento andaluz en la anterior legislatura. A su juicio, “esta ley impone, de forma autoritaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982”. Esta legislación, entre otras cosas, obliga a la Junta de Andalucía “a realizar las actuaciones necesarias, conforme a los protocolos aprobados, para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de restos, así como la responsable de autorizar toda localización, exhumación e identificación de restos y de autorizar la construcción o remoción de terrenos en los que se tenga conocimiento de la existencia de restos”.
10. Obligar a las instituciones andaluzas y a los colegios a celebrar la fiesta del 12 de octubre. Y cambiar el Día de Andalucía, de conmemorar el 28 de febrero la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía a festejar el 2 de enero “la culminación de la Reconquista”.
11. Derogación de la ley andaluza contra la violencia de género aprobada en el año 2007. La formación de extrema derecha apuesta por “sustituir una ley de violencia doméstica que no juzgue el sexo del agresor”. En el texto de la norma la junta establecía que “las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluye medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”. Vox niega la violencia por razón de género e insiste en diluir la problemática en la violencia intrafamiliar pese a que hoy mismo el Tribunal Supremo ha establecido que no hará falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género. En caso de agresión mutua, y si hay pruebas suficientes para condenar, el hombre tendrá que ser condenado por delitos relacionados con la violencia machista y la mujer con la violencia doméstica o familiar, con las diferencias a nivel penológico que existen entre ambos.
12. Suprimir la ley de 2017 del Parlamento andaluz que protegía al colectivo LGTB de, por ejemplo, ataques homófobos. Vox asegura que estas asociaciones disfrutan de “privilegios injustificados” y que “España no es un país homófobo”. La norma andaluza en vigor fue aprobaba por unanimidad en la anterior legislatura, siendo pionera en casi toda Europa en imponer multas en casos de odio o discriminación. Para Álvare Ossorio, Vox impulsa medidas de desigualdad frente al derecho constitucional protegido a la promoción de la igualdad y protección de ciertos colectivos. "Es una regresión inaceptable", lamenta.

En el último punto del texto, Vox lanza su última amenaza. No basta con derogar leyes que defienden la igualdad o garantizan la protección de mujeres y otros colectivos, avisa de que bloqueará cualquier futura medida en el Parlamento andaluz que desarrolle o asigne dinero a estas leyes, a su juicio, puramente ideológicas.