Ronaldo tendrá antecedentes penales durante dos años

Madrid

Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 23 meses de cárcel en total, cifra que se obtiene al sumar seis meses de cárcel por cada uno de los tres delitos contra Hacienda, más otra condena de cinco meses por otro delito fiscal.

Para calcular los antecedentes penales que arrastrara el deportista sólo se cuenta uno de esos delitos, el de mayor pena. Es decir, los antecedentes se establecen a partir de la condena de seis meses. En el código penal (art. 136) esta sanción se considera una pena menos grave que lleva aparejada mantener durante dos años antecedentes penales

Cuando se dicta una sentencia firme de condena se comunica al Registro Central de Penados y Rebeldes para su inscripción, por lo que a partir de ese momento en los ficheros del Ministerio de Justicia, a ese sujeto condenado le constará un antecedente penal. Cuando a alguien le consta algún antecedente penal, tiene consecuencias no sólo en el ámbito penal, sino también en el ámbito laboral. Cuando se aprueba cualquier oposición o se pretende trabajar en el ámbito de la Administración, cualquiera que sea ésta: autonómica, estatal o local, el primer documento oficial que se solicita es la hoja de antecedentes penales.

La restricciones por los antecedentes penales también se extienden a los trabajos con jóvenes o incluso ser entrenador de fútbol o para poder ser concursante de televisión, o participar en realities televisivos.

El futbolista ha sido también sancionado con otras medidas como la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo. Es decir, no podrá ser elegido para cualquier cargo público durante los próximos dos años.

Además, durante un año también se tendrá en cuenta la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios, ayudas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duración.

Europa, informada

Las sanciones que lleva aparejada esta condena quedan inscritas en el Registro Central de Penados deben ser notificadas a las autoridades centrales de los distintos Estados miembros de la Unión Europea que deberán intercambiar información sobre los antecedentes penales que consten en los registros nacionales correspondientes.