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Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

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PP y Ciudadanos acusan a la ministra de Educación de pasividad en Cataluña y Baleares

Los dos partidos han presentado, por separado, dos Proposiciones no de Ley en el Congreso por la enseñanza del castellano y el adoctrinamiento en las escuelas

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del gobierno, Isabel Celaá. / ()

 PP y Ciudadanos abren un nuevo frente al Gobierno mientras compiten entre ellos por marcar la política en la derecha y responder al ascenso de VOX. El tema es recurrente: la enseñanza del castellano y el adoctrinamiento político en Cataluña y Baleares. El partido de Albert Rivera pidió ayer la reprobación de la ministra Isabel Celaá en una Proposición no de Ley en la que acusan de "inacción" y "dejación de funciones" al Gobierno ante las denuncias de adoctrinamiento y manipulación en los libros de texto. En su proposición Ciudadanos afirma que la ministra no ha hecho nada ante "la celebración de actos de índole política" en las escuelas de Cataluña tras el 1-O recogidas por medios de comunicación, las propias escuelas o asociaciones cívicas y relacionadas con " la exhibición de símbolos independentistas en los mismos, el adoctrinamiento, las irregularidades históricas encontradas en los libros de texto, la discriminación y el acoso ejercido por docentes a hijos de guardias civiles e incluso la suspensión de un inspector que denunciaba todos estos hechos". También le reprochan que no haya actuado frente a las denuncias de manipulación de libros de texto en Baleares ni haya tenido en cuenta el informe encargado por el anterior ministro, Íñigo Méndez de Vigo, a la Alta Inspección del Estado y que publicó el diario El Mundo.

La petición de reprobación de Ciudadanos provocó un airado comunicado oficial al ministerio de Educación en el que acusa al partido naranja de "propaganda antidemocrática" y de un "acoso político sin fundamento". Según Educación "instar a todos los miembros del Gobierno a que atiendan sus responsabilidades constitucionales y legales como si no lo estuviesen haciendo supone no solo un ataque político exagerado e hiperbólico sino un acto de propaganda anti-democrática que busca desatar la sospecha, la desconfianza y la ilegitimidad de un Gobierno constitucional como es el de Pedro Sánchez". El ministerio responde que las quejas del partido naranja sobre los casos de adoctrinamiento son anteriores a la llegada del Celaá al ministerio y respecto a los libros de texto asegura que la Alta Inspección rechazó manipulación en el de Baleares y que el "estudio sobre libros de texto encargado por el anterior ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que contenía conclusiones contradictorias y carentes de rigor y que el propio ministro decidió no hacer público".

Este miércoles ha sido el PP el que ha presentado una nueva Proposición en este caso en relación con la enseñanza del castellano y en la que también acusa a la ministra de pasividad. En su PNL los populares piden, entre otras medidas, que garantice "la libertad real e igualdad" del uso del castellano en las comunidades con lengua cooficial. Además  reclama que la nueva ley educativa "garantice la enseñanza en castellano en el marco de un bilingüismo y un plurilingüismo integrador". El anteproyecto de esa ley que ha presentado el gobierno deja en manos de las comunidades autónoma la decisión de fijar la proporción del uso del castellano y las materias en las que se imparte en función de sus necesidades.

El PP considera que “un Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos” y aboga por nuevas políticas que rompan con la imposición de las lenguas “y no den tregua a quienes hipotecan nuestros derechos a cambio de rédito electoral y de mantenerse en el Gobierno a cualquier precio”.

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Cadena SER

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