Jordi Turull declara desde poco después de las diez de la mañana ante el tribunal que juzga el procés independentista catalán. Cortado - tanto él como el fiscal Jaime Moreno - por el tribunal en varias ocasiones, el exconseller de Presidencia ha negado que el Govern de Carles Puigdemont buscase la confrontación callejera para doblar el brazo del Estado. Turull niega tajantemente la violencia que la FIscalía atribuye a los acusados y califica su relato de «delirante», añadiendo que «aunque se intente generar tensión y violencia, en Catalunya es operación fracaso». «Estos días he oído alguna expresión en tono acusatorio que me parece una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de Catalunya, no son ovejas, no son gente que está militarizada. La gente en Catalunya independentista o no, de extrema derecha o izquierda, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI, se habla de la gente con un sentido que es desconocer Catalunya y el movimiento independentista. Va de abajo hacia arriba y después hay partidos y entidades que quieren recoger este sentimiento y darle una salida política pacífica y democrática», ha dicho Turull, crítico con las acusaciones de la Fiscalía. El exconseller, encarcelado desde marzo del año pasado, ha desarrollado muchos argumentos ya reflejados en sus escritos de defensa: que el ejecutivo central «menos política ha estado dispuesto a hacer de todo» y que contaban con que todo fuese tan pacífico «como en el 9N». Sus tuits, dice, «siempre apelaban al civismo» y ha criticado que varios coches de la Guardia Civil fuesen destrozados el 21 de septiembre en Barcelona. Turull también ha sido claro al negar que en el Govern buscasen la «conflictividad» tal y como creen los investigadores. «Los hechos lo desmienten. Si alguna cosa ha hecho el Govern y el Parlament es buscar de manera insistente, ahora también, el diálogo, el acuerdo y la negociación. Lo ha hecho siempre y lo hizo hasta el último minuto hasta la aplicación del artículo 155. En Catalunya la palabra resignación no existe en el diccionario político». «No éramos conscientes de que cometíamos una ilegalidad, todo lo contrario, creíamos que respondía a criterios perfectamente legales», ha dicho. Turull se enfrenta a una petición de dieciséis años de prisión por parte de la Fiscalía, acusado de rebelión y malversación de caudales públicos por, supuestamente, coordinar y financiar buena parte de la logística del referéndum a través del Centro de Telecomunicaciones (CTTI) de la Generalitat, con aspectos como el censo electoral, la cartelería y el recuento de los votos. «Del 1 de octubre en el CTTI no se hizo nada», ha dicho Turull. Sin tener una cifra concreta sobre lo supuestamente malversado, la suma de los conceptos que le atribuye la Fiscalía superan los 700.000 euros entre las cantidades pagadas y las comprometidas. Como han hecho la mayoría de acusados en sus escritos de defensa y declaraciones, Turull ha negado conocer el documento #EnfoCATs y ha explicado que la hoja de ruta firmada entre partidos y asociaciones perdió validez tras la cuestión de confianza a la que se sometió Carles Puigdemont. Desde entonces fue «referéndum o referéndum» pero «pactado con el Estado», ha dicho. «Eso es la anti-vía unilateral», ha dicho. Acusado de usar o comprometer más de 700.000 euros para poner en marcha el referéndum entre logítica y publicidad, Turull ha sido contundente al afirmar que «a partir del 14 de julio y por lo que me he informado antes, no se gastó ni un euro en el referéndum». Tampoco en las páginas web utilizadas: «Por el convenio con la Fundación .cat en la línea en que no se quería gastar, no costó ni un euro», ha dicho, atribuyendo a ciudadanos la réplica de la web «referendum.cat». Ha reconocido que el Acuerdo firmado por el Govern para convocar la cita electoral contemplaba el uso de fondos públicos pero que «a partir de aquí no hay ningún elemento fáctico que lo desarrolle».