Negociaciones, líneas rojas y meriendas: una semana de testigos políticos

El juicio contra el procés independentista ha dejado esta semana los testimonios más políticos del caso y que, más allá de aportar contexto político, no han arrojado demasiada luz sobre los hechos que se enjuician: debates sobre la aplicación del artículo 155, las negociaciones entre ejecutivo central y Govern y el operativo policial del 1-O. Es probable que las declaraciones de la semana que viene dejen más testificales en torno al objeto del juicio: el dispositivo de los Mossos dEsquadra el 1-O, las concentraciones del 20-S y la iniciativa del Govern para conseguir la independencia. La negativa cerrada de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría a haber aceptado una mediación entre el ejecutivo central y el Govern quedó matizada poco más tarde cuando el lehendakari Iñigo Urkullu detalló su intervención en el conflicto a petición de Carles Puigdemont. Pocos datos en cuanto al núcleo del juicio, matizando la versión ofrecida por las defensas hasta la fecha: es cierto que el ejecutivo central comparecía con una «silla vacía» cuando se hablaba de un posible referéndum pactado, pero porque consideraban que no había nada de lo que hablar en torno a una ilegalidad. A la espera de que las acusaciones ofrezcan una cifra concreta del dinero supuestamente malversado en el referéndum, el exministro de Hacienda tampoco consiguió arrojar luz más allá de glosar algunos conceptos sospechosos detectados y que denunciaron ante las distintas fiscalías encargadas. «Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar engañoso, para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial», justificaba Montoro mientras matizaba por enésima vez sus palabras, cuando hace un año afirmó que no se gastó ni un euro en el referéndum mientras el Gobierno controló las cuentas catalanas. Parte de las testificales de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido han pivotado en torno al envío de más de 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil a Catalunya para evitar el 1-O. Ni el presidente, ni la exvicepresidenta ni el exministro del Interior tuvieron conocimiento de los detalles del operativo policial desplegado durante la jornada del referéndum ilegal. Zoido, por ejemplo, explicó que «tengo por costumbre no entrar a valorar los dispositivos»: la semana que viene será clave la declaración del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo de seguridad y podrá declarar sobre el verdadero objeto de acusación: la actuación de los Mossos dEsquadra. La «merienda» de Rufián Varios políticos en activo han sido llamados a testificar para explicar lo que vieron el 20 de septiembre y el 1 de octubre en las calles de Catalunya: los diputados de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián y Joan Tardà, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau o Albano Dante-Fachín. Todos negaron la existencia de violencia o de un ambiente hostil frente a la Consellería de Economía el 20 de septiembre: en el caso de la regidora barcelonesa, por ejemplo, explicando que los servicios municipales no tuvieron que acometer ninguna actuación extraordinaria. Tanto Rufián como Dante-Fachín pusieron ejemplos gráficos para demostrar al tribunal que la violencia alegada por la Fiscalía no existió. «Me chirría muchísimo que se dijera que aquello era un tumulto peligroso, yo fui a merendar, en una revolución merienda poca gente». El exlíder de Podemos en el Parlament de Catalunya explicó que preguntó a un agente de Guardia Civil si le molestaba el humo de su cigarro: «Me dijo que no». Varios testigos llamados a declarar también están imputados en otras causas que investigan el procés y por tanto tenían derecho a no declarar, pero dos de ellos fueron multados por intentar acogerse a un derecho exclusivo de los investigados. Los exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, fueron multados con 2.500 euros cada uno por negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox. Tienen cinco días para retractarse y evitar acusaciones mayores y también para recurrir la multa. El presidente del tribunal ha vuelto a mostrar su reticencia a considerar seriamente las calificaciones legales que defiende en este juicio el partido ultraderechista Vox como acusación popular, incluyendo un delito de organización criminal. Si el primer día Manuel Marchena dijo que «la Sala constata que hay un problema desde la perspectiva del soporte fáctico de ese delito de asociación ilícita», este jueves directamente obvió esa acusación que pesa sobre Meritxell Borràs.