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"Ochenta mil euros no los tengo todos los días, pero si los pierdo me da algo"

Un informático afirma que la Generalitat le trasladó que le pagaría "una tercera parte" por un sistema de voto electrónico

Sala del Supremo donde se celebra el juicio /

El juicio al proces independentista ha dedicado este miércoles varias testificales al delito de malversación de caudales públicos que la Fiscalía atribuye a los miembros del Govern que dirigió Carles Puigdemont. Varios trabajadores de agencias han declarado, explicando que nunca cobraron por participar en campañas publicitarias relacionadas con el referéndum, y uno incluso ha asegurado que ha dado por perdidos más de ochenta mil euros.

Ha sido el fiscal Jaime Moreno el que ha mostrado su sorpresa cuando Ferrán Burriel, directivo de la agencia Nothingad Comunicación, ha asegurado que renuncia a cobrar lo que le debía la administración catalana por difundir por internet un anuncio sobre el 'Registro de Residentes'. "Ochenta mil euros. Tirados. Yo no los tengo todos los días pero si los pierdo me da algo", ha dicho el representante del Ministerio Público.

Tanto la factura relativa a esta agencia, de 97.332,63 euros, como otra para la agencia Focus Media de 158.344,41 euros por hacer lo mismo en prensa escrita, tenían la obligación de pago reconocida aunque no se hayan pagado. Olga Solanas, de la segunda empresa, ha explicado que "el departamento sigue moviendo el tema porque se han generado abonos y facturas negativas", buscando el pago por parte de la Generalitat.

Para la Fiscalía, estos compromisos de pagos con dinero público aunque sea en el marco de convenios o contratos anteriores constituyen un delito de malversación. Otro testimonio relevante ha sido el de Teresa Guix, que tras saber de la judicialización del caso optó por no cobrar los 2.700 euros que le debía la Generalitat por maquetar la web 'pactepelreferendum.cat' y ha reconocido que accedió a pagar 371 euros a otra persona por la compra del dominio, algo que no tenía nada que ver. "Se entiende demasiado bien", ha dicho la fiscal Consuelo Madrigal.

Una tercera parte

Este miércoles también han declarado dos informáticos con los que contactó el Govern de Carles Puigdemont para elaborar un sistema electrónico de votación para los catalanes residentes en el extranjero, proyecto que finalmente no se realizó. Quim Franquesa, uno de ellos, ha explicado que tuvieron reuniones entre otros con el presidente y con Oriol Junqueras pero que "vimos que el Constitucional lo iba a bloquear, nos echamos atrás y ya está".

Según ha explicado su socio, Vicent Nos, la idea era cobrar entre 400.000 y 500.000 euros pero no se llegó a formalizar ningún tipo de pago. Franquesa ha explicado que "nos lo dijeron claro, la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada de eso", añadiendo que "lo iba a pagar una tercera parte" sin especificar quién.

Concentraciones en hoteles

Este miércoles también han comparecido los responsables de dos hoteles, uno en Reus y otro en Figueres, donde se alojaron decenas de agentes de Policía Nacional y frente a los cuales se celebraron concentraciones en protesta contra su presencia en Catalunya. Los dos han negado que estas concentraciones fuesen violentas: "Las dos únicas que he visto eran pacíficas", ha asegurado uno de ellos. 

Tampoco han relatado la misma experiencia con respecto a las presiones: uno de ellos ha relatado cómo tuvo que desconectar el teléfono ante el aluvión de llamadas exigiendo la marcha de los agentes, con "insultos, alguna amenaza y presión y boicot" mientras que otro ha negado estas presiones.

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