Martínez Rico reconoce que el Govern pudo financiar el referéndum a pesar del control sobre sus cuentas
El exsubsecretario de Estado de Hacienda reconoce que el control que ejercían sobre las cuentas catalanas no era infalible
Explica que detectaron irregularidades en el gasto de dinero público en campañas del referéndum y en observadores
Madrid
El control que Cristóbal Montoro ejerció sobre las cuentas catalanas en 2017 no era infalible. Así lo ha reconocido Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Estado de Hacienda, en la decimooctava jornada del juicio al procés explicando que detectaron y denunciaron diversos gastos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum ilegal.
Los controles de gasto, ha explicado, podía ser burlado: perseguía "hacer una identificación presupuestaria de una realidad material, pero no son la realidad material de los hechos, estos certificados llegan donde llegan". En algunos casos detectaron que la información proporcionada por la Generalitat "era incompleta y se tomaron medidas, se denunció ante Fiscalía".
El departamento que dirigía entonces Cristóbal Montoro denunció ante la Fiscalía tres movimientos económicos que consideró sospechosos: el expediente de una campaña de publicidad ligada al referéndum, relacionado a un acuerdo del Govern y por último el ligado a DIPLOCAT. "Se consideró que la información era insatisfactoria y se denunció", ha dicho.
En su declaración Martínez Rico ha reconocido, por tanto, que el sistema de control implantado por el ejecutivo de Mariano Rajoy no era infalible y gastos supuestamente relacionados con el referéndum ilegal pudieron pasar ese filtro, así como algún contrato realizado de forma ilegal: "Una contratación irregular, contraria a las pautas de la Ley de Contratos del Sector Público, es irregular en cualquier caso, con certificado o sin certificado y quedaría al margen del control".
Ha explicado que los requerimientos de información a la Generalitat empezaron cuando Catalunya decidió acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y que terminaron por convertirse en un control total cuando el ejecutivo catalán se negó a enviar información. En cualquier caso, Martínez Rico ha rechazado que la vinculación entre los gastos cuestionados y el referéndum proceda del Ministerio de Hacienda.