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Lunes, 18 de Noviembre de 2019

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Radiografía del panorama legal y político: iniciativas para una muerte digna

El Congreso ha tramitado en los últimos años dos proyectos que pretendían ampliar el catálogo de derechos para decidir sobre la propia vida en situaciones de extremo sufrimiento. Ambos encallaron. Recordamos qué sucedió y dónde se encuentra política de nuestros partidos

Puerta principal del Congreso de los Diputados con los leones / ()

Contó Ramón Sampedro que alcanzado aquel punto de la vida, su cuerpo era una cárcel. Y él optó por liberarse. Pero el marco legal español no se lo puso sencillo ni a él ni a quienes vinieron después. Nuestra democracia hubo de acumular fuerzas durante cuatro décadas para permitirse la primera iniciativa legal con visos reales de regular el final de la vida como elección.

Ese primer intento fue impulsado por Unidos Podemos. La coalición electoral de izquierdas promovió un texto en 2017 que defendía el principio de autonomía de las personas, “un derecho a la vida ligado al valor de la libertad y la dignidad”. El punto de partida buscaba romper con la concepción de la vida como cadena no imponer “el deber de vivir en condiciones penosas irreversibles, en contra de los deseos y convicciones más íntimas”.

La norma ofrecía a las personas en fase terminal de una enfermedad o que padecen sufrimientos físicos o psíquicos que consideran intolerables, la posibilidad de practicar el suicidio asistido o la eutanasia. Siempre sobre un procedimiento de reforzada garantía médica, con consulta a dos equipos independientes entre sí y sobre la base del concepto de humanidad.

Aquel texto legal nunca llegó a prosperar en las Cortes. En su contra se posicionó el Partido Socialista que, paradójicamente, redactaría una ley similar solo un año después, en 2018. La ley socialista recogía también la doble garantía médica, pero añadía al proceso la necesidad de pasar previamente por un comité regulador, algo que, junto al complejo término de “discapacidad grave crónica sin posibilidad de curación”, despertaba el recelo de las asociaciones de muerte digna.

Pese a todo, el proyecto contaba entonces con el apoyo suficiente en las cámaras y se inició, de hecho, su tramitación legal. Del lado del ‘no’ solo se encontraron entonces Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Frente a los 210 ‘síes’, el rechazo de 140 diputados. Pero todo acabó congelado.

El freno de ciudadanos

Iniciadas las negociaciones, Ciudadanos impuso como condición la aprobación primero de su Ley de Muerte Digna. El texto, mucho menos ambicioso, salió adelante con intención de garantizar los cuidado paliativos en todos los territorios del Estado; pero a cambio, lo trámites de la ley socialista se fueron dilatando.

Tanto se extendieron que la legislatura entró en barrena y el gobierno Sánchez, en el poder ante la dura oposición de Ciudadanos que buscaba desgastarle, no logró aguantar más tiempo. La legislatura se dio por consumida antes de que la ley pudiera aprobarse. El reloj vuelve a ponerse a cero y el próximo Parlamento tendrá que reiniciar el proceso.

Leyes autonómicas

La Ley de Muerte Digna de Ciudadanos vino a unirse a un corpus que ya existía en 10 Comunidades Autónomas. Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Euskadi, Galicia, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana cuentan con una ley propia de muerte digna. La más antigua de todas ellas es la andaluza, promulgada hace casi ya una década.

El desarrollo de las leyes, sin embargo, queda vacío sin la voluntad política real. Es lo que explican desde Derecho a Morir Dignamente, quienes hace apenas unos días se manifestaban en el centro de Madrid para protestar por una ley que es, en realidad, un fantasma. “Si no hay la intención real, por ejemplo, de dar a conocer a la ciudadanía el mecanismo del testamento vital… Y no la hay”, recalca Fernando Marín, presidente de esta asociación

Resulta frecuente, según sus denuncias, que la falta de recursos deje sin aplicación real este tipo de normativas, que los cuidados paliativos comprometidos, por ejemplo, no lleguen para todos por falta de presupuesto. Si atendemos a los datos del Ministerio de Sanidad, veremos la contradicción. En algunas comunidades donde no existe ley alguna al respecto, es más fácil y frecuente que se solicite el testamento vital, dejar constancia de lo que el enfermo desea que se haga ante situaciones extremas de pérdida de la realidad.

Madrid, pese a contar con una legislación propia en vigor desde 2017, tramitó el pasado año 3,03 testamentos vitales por cada 1.000 habitantes. Cataluña, donde no existe todavía una ley propia al respecto, tramitó 10,94 testamentos vitales por cada 1.000 habitantes.

“Debería, por ejemplo, existir la obligación que cada vez que un anciano ingres en un centro de ancianos, le informaran ‘¿Usted sabe lo que es un testamento vital?’, ‘¿qué quiere usted que hagamos en caso de que se produzca una situación como esta, en la que haya que decidir si alargarle la vida?’. Es algo que no se hace porque están a otra cosa” las administraciones, explica Fernando.

Las posturas de los partidos

Aunque no todos los partidos han cerrado ya su programa electoral para los próximos comicios, conocemos sus posturas a través de sus manifestaciones públicas o programas e iniciativas anteriores.

Unidos Podemos ha asegurado que su posición respecto a este asunto volverá a basarse en el texto legal que impulsó en 2017. Tampoco cabe esperar variaciones en el Partido Socialista, cuya ley comenzó a tramitarse muy recientemente, a finales del pasado año.

La postura de Ciudadanos parece menos clara. En su programa abogaba por el desarrollo de una Ley para la Muerte Digna: Impulsaremos los planes de cuidados paliativos centrados en los derechos de las personas al final de la vida. Legislaremos para que las personas sean ayudadas con cuidados paliativos que eviten el sufrimiento (…)”. Su apoyo en los trámites iniciales a la ley socialista fue palideciendo y algunos acitvistas dudan de su compromiso con respecto a una ley que permita el suicidio asistido y la eutanasia.

El Partido Popular apoyó la Ley de Muerte Digna de Ciudadanos, pero en reiteradas ocasiones ha expresado su rechazo total a una normativa que vaya más allá de los cuidados paliativos. Presentó una enmienda a la ley socialista que pretendía negarla en su totalidad y su presidente, Pablo Casado, ha dejado claro que, en su opinión, “es un problema en España no existe”.

Vox no contempla la aceptación de ninguno de los puntos expuestos. De hecho, el partido de Abascal trabaja en sentido completamente opuesto. Se opone con rotundidad también al aborto en una política que dice ser “de la vida” y trae entre su cartera de hipotéticos Ministerios uno de la Familia para fomentar estos valores.

Ayudar a morir, sigue siendo un delito

Prestar ayuda a alguien para morir, aun si estuviera acreditado suficientemente su deseo y sufrimiento, sigue siendo delito en nuestro país. El código penal castiga a quien participe en un acto de esta naturaleza con entre 2 y 10 años de cárcel. Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro hubo de negar cualquier acto relacionado con su fallecimiento. Solo años después de que prescribiera el delito, confesó. Ella puso el cianuro en el vaso.

Artículo 143 del Código Penal

LO QUE DICE EL CÓDIGO PENAL

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

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