Los fondos reservados y las cloacas de Estado

'Cloacas' del Estado han existido siempre aunque en cada etapa han tenido una 'misión'. La que ahora investiga la Audiencia Nacional y Asuntos Internos de la Policía Nacional sin duda es diferente porque no es habitual ni grabar al ministro del Interior, en este caso a Jorge Fernández Díaz, ni tampoco poder escucharle hablando con el que en aquel entonces era jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, sobre buscar casos de corrupción de adversarios políticos soberanistas en este caso catalanes y asegurando eso que oímos todos de "y luego la Fiscalía lo afina". Por cierto que aquellas grabaciones se hicieron en el despacho del ministro, en Castellana 5 y, aunque oficialmente no está confirmado, la autoría podría haber sido también obra de los policías de los que estamos hablando. La grabación y después su filtración.

Las cloacas se mueven con fondos reservados y aquí comienza el problema. Hay poca transparencia para que los servicios de partido o de 'guerra sucia' se paguen con el dinero de todos nosotros. Fondos públicos no detallados porque en la contabilidad que se presenta solo se describen conceptos genéricos y nombres de operaciones, pero nunca se especifica el uso dado a estos fondos.

Los fondos reservados son por definición legal materia secreta y se regulan por una orden del ministerio del Interior de 1995 que también es secreta. Su contenido no es público y el sistema se basa en la confianza en cadena. Es como un sistema de firma mancomunada. Los operativos que disponen de los fondos los utilizan para el pago de colaboradores, éstos deben firmar la cantidad que reciban y a su vez el superior firma el uso de esa cantidad. El superior al superior y así hasta llegar al DAO, el Director Adjunto Operativo. El DAO presenta todos los documentos con todas las firmas al Director del gabinete de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y si están todas las firmas de todos los responsables policiales firma el director del gabinete. El último que firma es el Secretario de Estado de Seguridad.

Nunca se especifica el uso de los fondos. Cada operativo conoce a sus confidentes o el destino de los fondos y sus superiores le avalan.

Entre los usos previstos para los fondos reservados la orden de 1995 se refiere al pago de colaboradores fijos y ocasionales. Contempla que se puedan pagar en dinero o mediante regalos, comidas o consumiciones. Y por supuesto: en ningún caso se exige que se comuniquen quienes son los confidentes a la autoridad judicial o a la Fiscalía. De hecho no se hace nunca.

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