Ocho millones de pobres energéticos

Madrid

 El objetivo de esta nueva Estrategia estatal es reducir a la mitad, en seis años, el número de hogares que no pueden pagar el recibo de la luz y que, por lo tanto, no pueden encender la calefacción en los meses fríos ni disponen tampoco de aire acondicionado en los días de calor.

Y, para conseguirlo, esta Estrategia propone crear un único bono social más sencillo, de concesión automática y universal, es decir, que incluya tanto ayudas públicas para pagar la luz como la calefacción.

En total, se establecen 19 medidas para luchar contra la pobreza energética, que también incluyen ayudas para el aislamiento de las casas. También se prohíbe a las compañías eléctricas que puedan cortar el suministro cuando las condiciones meteorológicas sean “extremas” y se fijan cuatro meses de plazo tras un impago en los que tampoco se podrá cortar la luz.

En España, tres millones y medio de personas sufren pobreza energética, pero esta cifra sube a los ocho millones si incluimos también a los hogares considerados como “vulnerables”.

 Autoconsumo

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el Real Decreto de Autoconsumo, que, por fin, simplifica los trámites para instalar, por ejemplo, unos paneles solares en nuestro tejado.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Además, facilita el autoconsumo compartido, es decir, que la energía producida pueda ser usada a la vez por varias comunidades de vecinos o varias industrias. Y, como novedad, los consumidores que les sobre energía y la viertan a la red, “se permite una compensación, pero no es un negocio”, como ha destacado Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica.

Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW), y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable. La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes

En suma, esta nueva norma pretende fomentar el uso de las energías renovables, porque, como ha advertido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, nuestro país paga, cada año, 20.000 millones de euros en la compra en el mercado internacional de combustibles fósiles, como gas o los derivados del petróleo.