El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las multas de 2.500 euros que fueron impuestas a Eulàlia Reguant y Toni Baños, exdiputados de la CUP, por negarse a contestar a las preguntas del partido ultraderechista Vox durante sus testificales en el juicio al procés. La decisión es recurrible y también envía su caso a los juzgados de guardia por si además pudieran ser investigados por la vía penal. Su negativa a contestar a los abogados de Vox llegó el 27 de febrero cuando los dos fueron llamados a testificar. «No, no puede. Ese derecho sólo lo tienen los acusados, usted viene como testigo», le advirtió Marchena, recordándole también que «su dignidad democrática no está condicionada» a contestar a los abogados de la formación ultraderechista. «Frente a un partido machista y xenófobo no aceptaré contestar a las preguntas, asumiendo las consecuencias», zanjó después Reguant. Los dos habían sido llamados a declarar para ofrecer su versión en torno a los hechos del 20 de septiembre de 2017 en los registros de su sede. La decisión del Supremo de confirmar las sanciones de 2.500 euros todavía es recurrible ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. De la misma manera, el Supremo también deduce testimonio y envía su caso a los juzgados de Madrid «para depurar eventuales responsabilidades penales». Los jueces recuerdan que «la acusación popular es una parte más» y que se deben contestar sus preguntas a pesar de «divergencias ideológicas o políticas, por hondas que sean».