Tercera condena a Francisco Correa por contratos irregulares con el PP

Madrid

La sentencia de la Audiencia Nacional ha condenado a 6 años y 9 meses de cárcel al líder de la trama Gürtel Francisco Correa y a otros cinco años al exdirector de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho activo continuado y falsedad documental. Además condena al contable del Grupo Correa José Luis Izquierdo a tres años y tres meses de prisión, y al número dos de Comunicación en AENA con De la Mota, José María Gavarri, a cinco años, por 2,2 millones de euros en contratos adjudicados irregularmente.

Según expone la sentencia, Correa desplegó una actividad comercial dirigida a la organización de eventos relacionados con la prestación de determinados servicios, fundamentalmente dirigidos al Partido Popular, organizando actos y campañas electorales así como a la contratación con las administraciones públicas.

En este contexto, de acuerdo a los hechos probados, Correa, "a fin de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos mediante contratos celebrados entre AENA y sus sociedades con vulneración de la normativa administrativa" contactó con De la Mota cuando fue nombrado dircom de la gestora aeroportuaria, pues le conocía por su pasado en el Partido Popular.

Viajes turísticos

La sentencia detalla como López de la Mota y Gavari convinieron con Correa o con personas a sus órdenes que se produjera la adjudicación irregular a las sociedades del Grupo Correa de distintos contratos del ente aeroportuario a fin de realizar distintos eventos o participar en ferias, "todo ello a cambio de entregarles distintas dádivas (dinero en efectivo o prestación de servicios, fundamentalmente viajes turísticos para ellos y su familias, obras de reforma en la vivienda del primero, etc.)", que se abonaron durante dos años.

Confesión inútil de Correa

También desestima el Tribunal la atenuante analógica de confesión en el caso de Francisco Correa, puesto que lo que hizo el acusado fue escuchar a las partes en la fase de informes y sin mayor aportación, resalta, que reconocer los hechos del fiscal, "sin que tal acto haya supuesto ninguna aportación ni tenga relevancia".

"Cuestión distinta hubiera podido afirmarse en caso de haber declarado en el acto del juicio y haber aportado una cooperación activa, decisiva y relevante. De ahí que más bien estemos ante una confesión interesada, incompleta e ineficaz. En suma: la inexistente contribución del acusado al conocimiento de la trama investigada no le hace merecedor de la atenuante de la que tratamos, con inaplicación de las consecuencias punitivas que le hubiera podido reportar", concluye la Audiencia.

El contable condenado

La Sala afirma que José Luis Izquierdo, contable de las empresas del Grupo Correa, fue el encargado por Correa de gestionar los importes en efectivo y servicios abonados a López de la Mota y Gavari, registrando, documentando y contabilizando los servicios pagados y las cantidades entregadas.

Añade que durante el tiempo que el primero desempeñó el cargo de Director de Comunicación de AENA las sociedades de Correa comenzaron a ser contratadas por dicha entidad, "siendo adjudicatarias, irregularmente, de un total de 22 contratos públicos, entre los años 2001 y 2002", entre los que menciona los relacionados con FITUR 2001 y 2002, Expo Ocio 2002 o el montaje de stands en ferias de Barcelona, Londres, Valladolid o Madrid.

Expedientes irregulares

Los jueces analizan los expedientes de las contrataciones y concluyen que las actuaciones irregulares destinadas a asegurar la adjudicación a favor de las empresas del Grupo Correa eran de distinto tipo. Explican que, a fin de evitar la publicidad de dichos expedientes, se acudía al procedimiento de contratación sin publicidad y con concurrencia, para lo que, junto con la propuesta de inicio del expediente y con el objeto de eludir su tramitación por el procedimiento de concurso, en algunos de los expedientes López de la Mota elaboró sendas memorias "alegando de forma indebida y torticera inexistentes razones de urgencia para proponer su contratación directa con concurrencia a pesar de que su presupuesto de licitación excedía de 150.000 euros". Esta tramitación permitía, dice la Sala, frente al procedimiento ordinario por concurso, seleccionar y limitar las empresas que podían presentar ofertas para cada uno de los contratos al exigir la normativa únicamente la solicitud de al menos tres ofertas distintas.