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La CNMC multa a 34 editoriales de libros de texto por pactar formas de ventas

Santillana considera que la resolución, "que no es firme y contiene errores materiales", no se ajusta a derecho, por lo que anuncia la decisión de interponer recursos contra la misma

Libros de texto. /

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele) por coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia. El conjunto de las sanciones económicas asciende a 33,88 millones de euros.

Esta Comisión también ha puesto fin "al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales", ha informado la CNMC en un comunicado.

La investigación partió de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives y se han sancionado dos conductas ilícitas, una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. Ambas son muy graves, según la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha destacado la CNMC.

Según Competencia, "ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de Conducta" establecido previamente.

Anele, especifica el comunicado de Competencia, envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias y se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives.

Anele ha expresado en un comunicado su "estupefacción ante la resolución" de la Comisión y ha afirmado que ni la asociación, ni ninguna de las empresas asociadas han incurrido en prácticas contrarias a la competencia. Ha considerado la sanción "arbitraria e injusta" e interpondrá, por ello, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Santillana anuncia que recurrirá

La editorial Santillana cree que "la CNMC ha considerado que la existencia del Código de Conducta del sector constituye una infracción prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia al entender que limitaba la entrega de materiales promocionales a los docentes y centros, y la competencia entre las editoriales".

Sin embargo, según apunta Santillana en un comunicado, "con este código, suscrito en 2012, las empresas editoriales que pertenecen a la Asociación Nacional de Editores de libros y material de enseñanza (Anele) quisieron garantizar que la selección de los proyectos educativos por parte de docentes y centros de enseñanza respondiera únicamente a criterios de calidad y precio".

Santillana rechaza esta resolución que, "además de sancionar a las empresas, prohíbe directamente el Código de Conducta, desacreditando así el objetivo del sector de frenar prácticas que impidiesen una elección ajena a la calidad didáctica".

El comunicado indica también que "la CNMC descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales", por lo que Santillana "cuestiona y rechaza los hechos presentados por la CNMC como acreditados".

A juicio de la editorial, "esta sanción elimina, además, la posibilidad planteada por Santillana a la CNMC de trabajar conjuntamente una redacción alternativa de Código que pudiera corregir posibles deficiencias que asegurase el buen comportamiento del sector y que fuera compatible con la normativa de competencia".

El comunicado subraya que "Santillana apuesta por la absoluta transparencia en la comercialización de todos sus productos, tanto en los libros de texto como en sus desarrollos digitales" y añade que su inversión en innovación "ha crecido fuertemente en los últimos años contribuyendo a dinamizar el mercado escolar y obteniendo el respaldo de la comunidad educativa".

Santillana considera que la resolución, "que no es firme y contiene errores materiales", no se ajusta a derecho, por lo que anuncia "la decisión de interponer contra la misma los recursos que procedieran para la defensa de sus legítimos derechos ante las instancias que correspondan".

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