800.000 interinos pendientes de una sentencia europea que les haga funcionarios

Madrid

Juan, que no se llama Juan pero no quiere dar su nombre por miedo a represalias, lleva 10 años encadenado contratos precarios para trabajar en el servicio de urgencias de Madrid. El 80% de sus compañeros - asegura - están en la misma situación y algunos peor. "Durante mucho tiempo se daba cobertura a los servicios de urgencia con contratos de un día: se firmaba al entrar y se terminaba el contrato cuando acaba tu turno de guardia", explica. La precariedad hace que muchos de estos médicos tengan problemas para pedir una hipoteca o si, por ejemplo, solicitan la tarjeta sanitaria europea para sus hijos cuando van a estudiar fuera: "Se les hace una provisional. Toda una paradoja para un médico".

Los empleados públicos en esta situación no tienen derecho a indemnización por despido, ni a excedencias, permisos por enfermedad de un familiar, paternidad o por matrimonio. A María Luisa, 53 años de los que lleva 20 como interina en la administración de justicia, la cesaron estando embarazada: "Lo que en otro tipo de empresas sería un despido nulo en la administración está permitido y es la tónica habitual". Como Juan y María Luisa hay decenas de miles de empleados públicos.

Después de años de provisionalidad, ante la amenaza de una sanción europea, las administraciones han convocado oposiciones para dar estabilidad a esos puestos y reducir el porcentaje de interinos que ronda el 30% en la adminsitración aunque depende del sector puede llegar al 100%. Paradójicamente muchos de estos empleados, que llevan años ocupando puestos con contratos provisionales, pueden quedarse en la calle si no sacan la oposición y sin ningún derecho. Creen que es una situación injusta. "Eso es empezar de cero", dice María Luisa. "Eso es no tener en cuenta todos los derechos que hemos adquirido durante todo este tiempo. A nadie se le ocurre, a un trabajador que lleva 20 años, hacerle una prueba para ver si es capaz de realizar un trabajo que lleva haciendo dos décadas". La oferta de empleos público, destinada a reducir la interinidad en la administración, fue pactada en 2016 entre el entonces ministros de Hacienda, Cristobal Montoro, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Su situación ha llegado a la Justicia Europea a través del abogado Juan Aráuz: "Calculamos que aproximadamente hay 800.000 empleados públicos en régimen de temporalidad abusiva, es decir, que llevan más de tres años de trabajos continuados en el sector público. Tres años, cinco, diez y hasta 35 años continuados de trabajos continuados en el sector público", cuenta Aráuz que es Abogado del Estado en excedencia.

El Tribunal de Luxemburgo deberá dictaminar en las próximas semanas si obliga a las administraciones a hacerles fijos. El abogado defiende que su situación contraviene una directiva europea de 2001 (de hace 18 años) y recuerda que los tribunales ya obligaron a Italia en 2014 a contratar a sus interinos de larga duración. Por eso espera una sentencia favorable que sancione a las administraciones obligándoles a hacerles fijos y que sería extensiva a todos los empleados en esta situación por la administración: "Todas las autoridades judiciales tienen que cumplir la sentencia aunque estos pronunciamientos no le gusten o sean contrarios a la Constitución española. Prima el derecho de la Unión sobre cualquier norma española y por tanto si la sentencia reconoce el derecho a fijeza tendrá que reconocer el derecho a estabilidad en el empleo de todos estos empleados públicos".