La Universidad Carlos III, condenada por usar a una becaria para cubrir un puesto de trabajo

Madrid

Gloria estudia Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. En 2016, decidió optar a una "beca de colaboración" de las que ofrecía la Universidad. Pero en vez de una beca, resultó ser un trabajo, como el que realizaban sus compañeros, funcionarios o contratados. Gloria demandó a la Universidad porque consideraba que estaban utilizándola para cubrir un puesto de trabajo. Ahora una juez ha ordenado a la Universidad que la readmita como trabajadora y no como becaria.

Las prácticas, según la página web de la Universidad donde se ofertan, son "actividades formativas que, sin formar parte de un Plan de Estudios, los estudiantes pueden realizar voluntariamente durante su período de formación". El objetivo es, según explican, "completar sus estudios académicos y adquirir competencias que mejoren su empleabilidad y preparación para el ejercicio de actividades profesionales".

Gloria estudiaba Ciencias Políticas y Sociología y estuvo durante dos años trabajando en el Archivo General de la Universidad, en la Biblioteca. "Recibíamos la documentación e información del resto de departamentos de cara a archivarla y almacenarla. La ordenábamos en carpetas, hacíamos cajas de cartón donde almacenábamos toda la documentación y la subíamos a la base de datos interna. Después, bajábamos las cajas al sótano", cuenta Gloria. "La beca no tenía ningún carácter formativo, no tenía relación con mis estudios y el trabajo era el mismo que realizaba el personal funcionario".

Entre los requisitos de las prácticas, se exige que sigan un "proyecto formativo" y que se hagan "bajo la supervisión de un tutor". Gloria, en cambio, no tenía ni proyecto formativo, ni llegó a conocer a su tutora. "Lo que hacíamos era cubrir puestos de trabajo. La universidad, mediante esta fórmula de falsa beca, se ahorra pagar a los trabajadores por una serie de servicios".

"Una relación laboral encubierta"

El 8 de enero de 2019, Gloria empezó su tercera beca en el Archivo de la Biblioteca por un período de casi un año, hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, cuando llegó febrero de 2019 y cumplió las 1.800 horas, el máximo que puede hacer de prácticas, recibió un email: "Hola, me comunican desde Administración de Biblioteca que tu fecha fin de prácticas por haber cumplido las 1.800 euros es el 12 de febrero, ese es el último día. Te envío el documento de memoria que como siempre has de cumplimentar".

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Cuando recibió ese correo, se puso en contacto con la sección sindical de CNT y decidió demandar a la Universidad. La sentencia, del pasado 8 de julio, le da la razón, declara la nulidad del despido y ordena su readmisión como trabajadora con el salario que le corresponde. "Lo cierto es que no se puede ocultar bajo una pretendida práctica extracurricular una relación laboral encubierta con la que la UC3M se ahorra el salario de un personal laboral o funcionario", argumenta la juez. "El trabajo que desarrollaba era el propio de los funcionarios o contratados laborales del archivo, un trabajado individual, mecánico, de organización de documentos, sin proyecto formativo, sin actividad formativa y sin supervisión. Era una relación laboral ordinaria y no una beca de formación", continua.

Según la misma sentencia, la Universidad intentó argumentar que la beca "no era para formar a la demandante ni para contribuir a completar sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología, sino para formarla en habilidades generales laborales como el trabajo en equipo o la organización".

Gloria trabajaba 20 horas a la semana, de 9.00 de la mañana a 13.00 de la tarde, por 326 euros brutos al mes. Ahora, la juez determina que, en realidad, le corresponden 877,38 euros mensuales brutos. Casi el triple. "Esta victoria es un paso de cara a acabar con la fórmula del becariado que usan muchísimas empresas privadas e instituciones públicas, una fórmula de trabajo precario por el cual tienes a gente trabajando, cobrando una miseria, mientras la empresa privada o, en este caso, la institución pública, se benefician".

Solo un ejemplo

El caso de Gloria es habitual en las universidades públicas españolas: becarios cubriendo puestos de trabajo ordinarios. El sindicato CNT lleva años luchando para acabar con estas prácticas en las universidades públicas españolas. En Madrid, ya han conseguido varias sentencias favorables. Javier Galán es el abogado que llevó el caso de Gloria, pero también el de otros estudiantes de la Universidad Complutense, de la Autónoma o de la de Alcalá de Henares: "Casos como el de un ingeniero industrial que recibía estudiantes Erasmus y gestionaba sus becas; un estudiante de filología que gestionaba el aula de informática o un estudiante de máster de arqueología que llevaba las redes sociales o cubría los actos institucionales".

Galán lleva años llevando casos similares a estos y asegura que, a lo largo del tiempo, solo se ven "cambios estéticos y formales en las Universidades". "Han ido aprendiendo de las distintas sentencias que han venido sufriendo. No para intentar cumplir, si no para seguir teniendo a trabajadores precarios bajo la excusa de una beca. Si en una sentencia les condenan por no existir un plan formativo, en la siguiente convocatoria de beca harán un plan formativo, pero solo para simular, sin que exista enseñanza o aprendizaje".

Aunque hay sentencias favorables, que condenan a las universidades a pagar una indemnización o a readmitir a una persona, los becarios que demandan son la minoría. "Las universidades utilizan fraudulentamente las becas por una razón muy sencilla, porque ahorran mucho dinero. Cubren puestos de trabajo por un tercio del sueldo que les costaría en caso de contratación de personal laboral y a cambio tienen trabajadores precarios. Asumen que las demandas que les están llegando son muy pocas y que las condenas no son más que cumplir con lo que no han estado cumpliendo, así que el incentivo para utilizar fraudulentamente las becas y cubrir puestos de trabajo es muy alto".

La semana pasada se celebró en Madrid el juicio contra la Universidad Autónoma de Madrid. La Inspección de Trabajo acusaba a la Universidad de utilizar a 284 becarios como empleados y exigía que pagara sus cuotas a la seguridad social. "Es un caso importante por el alto número de becarios o trabajadores afectados y también porque es de las primeras veces en las que no son los becarios los que demandan, si no que es la Inspección de Trabajo la que impulsa el procedimiento al entender que existe un fraude en la contratación". El viernes la sentencia dio la razón a la Universidad.

Además, como contó eldiario.es, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social empezó una campaña de oficio en distintas universidades para inspeccionar si se estaban realizando o no estas prácticas.