La Policía acusa a Infancia Libre de organización criminal en el informe entregado a Fiscalía
La Policía considera que la asociación coordina a una red de profesionales con el fin de quitar a los padres la custodia de los menores.
El informe final recoge una veintena de casos que la Fiscalía tendrá que decidir si judicializa como causa general
Algunos miembros de la acusación acusada por la Policía / Agencias
La Unidad Adscrita de la Policía Nacional de los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) da por finalizada la instrucción previa que investiga a la Asociación Infancia Libre. En el informe, entregado el pasado 23 de julio en la Fiscalía Provincial de Madrid, la policía concluye que la asociación, dedicada supuestamente a la protección de los niños, en realidad opera como una red criminal dedicada a retirar la custodia de los menores a sus padres con la complicidad de distintos profesionales.
El informe es amplio, consta de unas 200 páginas, es interactivo y relaciona los casos denunciados que siguen el mismo patrón. Para los agentes, los parámetros delictivos son cinco: en todos los casos existen denuncias de violencia de género o abusos sexuales presuntamente fraudulentos, intervienen los mismos profesionales, los mismos abogados y se coordina desde la asociación Infancia Libre.
Los agentes aseguran que Infancia Libre dirigía a las madres al psiquiatra Antonio Escudero, médico en el Centro de Salud Mental de Mahadahonda y previamente en Puerta de Hierro, autor de los informes médicos donde alega cuadros clínicos de estrés familiar del menor debido a las visitas de los padres; a la abogada Carmen Simón; y a las psicólogas vinculadas a la asociación, que desde Granada elaboran informes para justificar la ausencia escolar del menor o el perjuicio que les causa visitar a sus padres. Según la Policía, estos informes hechos ad hoc son utilizados después por las madres para denunciar a los progenitores y retirarles el régimen de visitas.
La red opera, según los agentes, entre Madrid y Granada. En la provincia andaluza destacan el papel de una pediatra con consulta en el centro de salud Las Flores y que atendió a los hijos de dos de las cuatro investigadas; también acusan a una psicóloga de la Unidad de Salud Mental-Infantil del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Según la policía, los profesionales implicados coinciden en los casos denunciados y en el modus operandi: los informes médicos de los menores son casi idénticos, al igual que la estrategia de defensa. En muchos de los casos las denuncias por violencia de género o abusos sexuales fueron archivadas, o la policía considera directamente falsas.
Las similitudes, según el informe, son evidentes y la policía quiere abrir la causa de “Infancia Libre” por organización criminal independientemente de que haya madres implicadas en procesos judiciales individuales por sustracción de menores y desobediencia judicial.
Tras los cuatro casos conocidos desde abril, los agentes han tomado declaración a unos 50 padres, la mayoría se presentaron en dependencias policiales de manera voluntaria para denunciar sus casos. Una vez investigados, la policía ha elevado a Fiscalía unos 22 casos por posibles delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial vinculados a la asociación Infancia Libre.
Posible judicialización
El informe final ha sido entregado a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Ahora, la Fiscalía Provincial tendrá que decidir si lo judicializa, no como casos aislados, sino como causa general con Infancia Libre como foco de la organización ilícita.
Si finalmente se judicializa el caso, bien la policía judicial o bien las defensas de los padres, coordinados a través de la plataforma de afectados, empezarán a solicitar diligencias.
Según fuentes judiciales consultadas por la Cadena SER, la policía judicial tendrá que practicar las diligencias oportunas para acreditar cada una de las acusaciones del informe. Entre ellas, testificales y documentales que acrediten la coordinación como organización criminal de los profesionales que hayan intervenido: médicos, psiquiatrías, abogados…
Cuatro detenciones
El caso comenzó el pasado 1 de abril con la detención de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, de 36 años. Los agentes localizaron a María Sevilla en una casa de campo con su hijo de 11 años. El 11 de mayo los agentes arrestaron a una segunda madre, Patricia González, miembro de Infancia Libre, por saltarse reiteradamente el régimen de visitas. El 21 de mayo se produjo la tercera detención, la de Ana María Bayo, integrante de Infancia Libre, acusada de ocultar a su hija de su expareja durante dos años. El pasado 18 de junio se produjo el último arresto, en este caso la cuarta madre, Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de Infancia Libre, por retener presuntamente a su hija incumpliendo resoluciones judiciales, según confirmaron fuentes policiales a la Cadena SER.
