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Sociedad | Actualidad
Funcionarios

El Gobierno ha gastado 167.000 euros desde 2016 en cursos de meditación para funcionarios

El portal de transparencia publica 43 contratos de Gobiernos del PP y el PSOE para enseñar mindfulness a empleados públicos

El ministerio de Sanidad incluye la meditación entre las practicas que está evaluando como posible pseudoterapia

El Servicio Madrileño de Salud ha ofertado desde 2017 un curso para combatir el dolor con una técnica no avalada por Sanidad / Getty Images

Madrid

 El Gobierno lleva años pagando cursos de mindfulness - un tipo de meditación - para que los funcionarios se inicien en esta práctica calificada por algunos expertos como pseudoterapia y que el propio ministerio de Sanidad está evaluando. El portal de transparencia publica 43 contratos de 11 ministerios adjudicados entre abril de 2016 y junio de 2019 con empresas que imparten cursos presenciales o a través de internet. En total el Gobierno ha gastado 166.859 euros en ese periodo para tratar enseñar a meditar a empleados públicos.

El mindfulness, textualmente atención plena, se ha puesto de moda en algunos sectores para tratar de combatir el estrés o la ansiedad a través de la concentración y la meditación no mística. Un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature en 2018 cuestionaba su eficacia y aseguraba que tenía los mismos beneficios que ver documentales en televisión.

El abogado experto en pseudoterapias, Fernando Frías, lo incluye directamente en esta categoría: "El mindfulness se puede considerar una pseudoterapia porque se está presentando como algo con efectos terapeúticos sin base teórica ni, sobre todo, resultados probados", explica. El ministerio de Sanidad no lo incorporó al listado que aprobó el pasado febrero en el que aparecen 73 técnicas que no han acreditado ninguna eficacia como la terapia regresiva o el coaching transformacional. La meditación aparece entre las 66 terapias aún en evaluación junto al yoga o la homeopatía.

Frías sostiene que si no está incluido es porque el listado se ha quedado desfasado nada más ser aprobado. También dice que si el ejecutivo quiere mejorar el bienestar de los funcionarios debería buscar otras fórmulas en las que invertir el dinero público: "Debería buscar prácticas acreditadas que las hay. Debería mejorar también las condiciones de trabajo, que probablemente en muchos casos sea necesario,  y dejarse de este tipo de cosas que, aparte de esta vertiente pseudo terapéutica, tienen mucho de modas".

El psicólogo Ramón Noguera reconoce que hay “mucha charlatanería” en torno al mindfulness aunque sostiene que "no es una pseudociencia" y que tiene "beneficios moderados pero significativos" si se practica regularmente. Afirma que puede ser útil a empleados públicos con mucha tensión como el personal de urgencias o los bomberos pero no encuentra explicación a que hayan sido contratados por el Consejo de administración de Patrimonio Nacional o la Confederación Hidrográfica del Júcar como refleja la web de transparencia: "La verdad es que no tengo idea del trabajo que hacen estás personas así que no puedo valorarlo con objetividad. En una primera impresión diría que no me parece un colectivo prioritario".

Noguera apunta también las razones por la que han aumentado este tipo de cursos entre empresas y entre la administración: "Esto en realidad enmarca un problema de fondo que es la proliferación de coaching y mandangas de pensamiento positivo para que los empleados cambien su actitud y toleren condiciones de trabajo que son, a menudo, horribles".

El Gobierno quita importancia al tema. El ministerio de Hacienda, a través de un portavoz, dice que estos cursos son una proporción mínima del gasto general en formación para funcionarios, "unas décimas", y que se enmarcan dentro de la prevención de riesgos laborales aunque no ha concretado cuántos trabajadores los han recibido ni desde cuando se imparten. 

El ministerio de Sanidad, encargado de luchar contra las falsas terapias, que contrató un taller de mindfulness en junio por valor de 800 euros a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha dado orden para que no se vuelva a realizar.

 
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