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Jueves, 19 de Septiembre de 2019

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La sentencia sobre la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, a punto de publicarse

Fiscalía, Partido Popular y el mismo Bárcenas pidieron la absolución

La acusación particular pide la suspensión de actividades del Partido Popular durante seis meses

Bárcenas: "La documentación de los ordenadores era muy relevante" para probar la caja b del PP /

Está previsto que este miércoles se haga pública la sentencia sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y lo primero que tendrá que sentenciar el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, es si comparte la petición de la Fiscalía y del propio PP de aplicar la doctrina Botín y absolver de todos los delitos porque la acusación particular no está legitimada para ejercitar la acusacion.

La denominada doctrina Botín veta el ejercicio de la acusación particular cuando el fiscal o la víctima renuncian a ejercer la acusación. El magistrado puede no aceptar estos argumentos y, al mismo tiempo, sentenciar la absolución porque no hay forma de probar que los ordenadores contenían lo que dice Bárcenas.

La Fiscalía y el Partido Popular solicitaron la absolución del delito de daños informáticos ya que no existe un "perjudicado concreto", debido a que el propio Luis Bárcenas se retiró del procedimiento.

Izquierda Unida o Adade, algunas de las acusaciones particulares, explicaron al juez que existe un interés general que les legitima a ser acusación, porque la ciudadanía tiene derecho a saber si el Partido Popular y sus responsables informáticos cometieron un delito al destruir los ordenadores y eliminar su contenido.

Bárcenas dijo en el juicio que los ordenadores contenían los datos de la caja oculta de financiación del Partido, la caja B, y los acusados dijeron que no había nada.

El Partido Popular se enfrenta a multas de 11 millones de euros o la suspensión de actividades durante seis meses, y los responsables del borrado —el director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán; el director de sistemas de información del partido, José Manuel Moreno; y la exgerente y actual tesorera Carmen Navarro— se enfrentan a hasta cuatro años y medio de prisión.

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