La Fiscalía pide prisión sin fianza por terrorismo para los detenidos de los CDR
El Ministerio Público ha reclamado prisión provisional para los siete sospechosos detenidos por delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y estragos. El juez decidirá esta tarde
Agentes de la Guardia Civil acompañan a uno de los nueve detenidos durante el registro de un domicilio en Sabadell (Barcelona)(EFE)
Madrid
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado prisión provisional incondicional, es decir, sin posiblidad de eludirla mediante el pago de una fianza, para los siete miembros de los equipos de respuesta táctica de los CDR detenidos el lunes pasado, que han pasado este jueves a disposición judicial.
El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo realiza esta solicitud después de escucharles en declaración ante el juez, por delitos de integración en grupo u organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. Retira la acusación inicial del delito de rebelión porque para atribuir este tipo delictivo, es imprescindible el requisito de la violencia, y esta aún no se habría producido.
En un escrito, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo explica que realiza esta solicitud ante la “gravedad de las penas que tales delitos conllevan”, el “riesgo de que se pudieran materializar” las conductas “que se planeaban”, y por la posible “destrucción” de pruebas. Será el juez Manuel García Castellón quien decida esta tarde sobre las medidas cautelares a imponer a los sospechosos, en una exposición razonada que comunicará a las partes del procedimiento.
Solo dos de los siete detenidos han contestado a las preguntas del juez y el fiscal. Precisamente los dos que estaban representados por abogados de oficio, y quienes confesaron ante la Guardia Civil su participación en los hechos, como la adquisición de elementos para fabricar explosivos y que el colectivo tenía la intención de “hacer ruido” de forma inminente, coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del “procés”.
Los otros cinco detenidos han sido representados por abogados de la organización independentista Alerta Solidària, y se han acogido a su derecho a contestar tan solo a las preguntas formuladas por su propia representación letrada.
