Uno de los detenidos afirma al juez que fabricó y probó bombas movido por su "curiosidad intelectual"

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ordenó ayer la entrada en prisión incondicional de los siete supuestos miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités de Defensa de la República (CDR) que pasaron a disposición judicial, por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos.

Solo dos de ellos contestaron a las preguntas formuladas por el juez y el fiscal. Precisamente quienes confesaron los hechos ante la Guardia Civil y escogieron un abogado de oficio en lugar de la representación letrada de la organización independentista Alerta Solidària, que defendió a los otros cinco.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, los dos que decidieron responder ratificaron ante el juez la declaración prestada a la Guardia Civil, aunque uno de ellos matizó algún aspecto significativo.

Al ser preguntado respecto a si pretendían atentar y contra qué objetivos con los explosivos que reconoció haber elaborado, negó que quisiera atacar cualquier infraestructura. Sostuvo que solo quería "probar" a fabricar una bomba, movido por su "curiosidad intelectual".

Las fuentes de la investigación consultadas por la SER no creyeron este argumento.

Sostienen que existen "indicios sólidos" de que los detenidos pretendían atentar con explosivos caseros contra infraestructuras de telecomunicaciones, torres de alta tensión, o grandes instalaciones de paneles solares entre otras redes estratégicas, así como contra varios cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña. Estas fuentes sostienen también que los ERT pretendían tomar el Parlament durante cinco días para proclamar el advenimiento de la república catalana.

Para realizar estas aseveraciones, los investigadores subrayan que han hallado fotografías aéreas y anotaciones a mano con esos cuarteles, así como fotografías de los posibles objetivos de telecomunicaciones, torres eléctricas y de otras infraestructuras similares.

Además, han cruzado estas posibles pruebas gráficas con las escuchas practicadas a los sospechosos durante casi año y medio.

Y es que según fuentes de la investigación, la operación Judas ha supuesto un despliegue sin precedentes del servicio de información de la Guardia Civil. No solo en cuanto a los medios humanos empleados durante meses, sino la "prácticamente ilimitada" disposición de dispositivos técnicos de última generación, que han permitido la colocación de micrófonos, cámaras de vigilancia, escuchas a distancia, pinchazos de teléfonos, y otros métodos de espionaje.

La disposición de estos medios ha permitido concluir la existencia de una estructura "perfectamente organizada y jerarquizada" en los ERT, "preparada" para atentar.

Supuestamente, según las mismas fuentes, con esta cadena de sabotajes, la organización pretendía organizar un "gran caos" en Cataluña entre el aniversario del 1-O y mediados del próximo mes de octubre, coincidiendo con la fecha en que se dé a conocer la sentencia del "procés".