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Domingo, 15 de Diciembre de 2019

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La Fiscalía no se plantea recurrir la sentencia del 'procés'

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha manifestado su respeto y satisfacción con el fallo. Pese a la calificación de sedición, y no rebelión, los hechos probados coinciden con los que motivaron en su día la querella.

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha comparecido en la sede del ministerio público para exponer una primera valoración del fallo del Tribunal Supremo. Segarra ha asegurado sentirse "satisfechos" con la sentencia porque aunque se haya descartado el delito de rebelión, el más grave de los que solicitaba y "la principal discrepancia respecto a las tesis del Ministerio Fiscal", según ha reconocido, la sentencia reconoce "una íntima relación" entre sedición y rebelión, junto al "concierto de voluntades y el reparto de funciones entre la mayoría de los acusados". 

Es más, el fallo recoge como hechos probados "la existencia de episodios de violencia en el marco de una movilización ciudadana que se configuró como un alzamiento público y tumultuario que, en última instancia, perseguía la alteración del orden constitucional", ha asegurado Segarra. 

Por tanto, concluye la fiscal general, el Supremo declara probados unos hechos que, en lo sustancial, motivaron la querella inicial de la Fiscalía. Segarra ha subrayado el respeto a la sentencia y, aunque caben los recursos pertinentes, de momento no se lo plantean al ser firme.

Respeto a Instituciones Penitenciarias

A preguntas de los medios, Segarra se ha pronunciado sobre una cuestión clave, la posibilidad de que los condenados puedan pasar a un tercer grado y por tanto abandonar la prisión. La fiscal general del Estado ha afirmado que velarán por el cumplimiento de las penas de cárcel. Y sobre el reglamento penitenciario, asegura que en su momento valorarán cada caso de manera individualizada.

Diferencia de penas

La sentencia rebaja las penas respecto a la petición inicial de la Fiscalía. En el caso de Oriol Junqueras, solicitaban 25 años, finalmente han sido 13 por sedición y malversación. Y 11 años de condena para Carme Forcadell, frente a los 17 del ministerio público, entre otros. 

Otra consideración relevante, la Fiscalía defendida que desde la Generalitat, el Parlament y las organizaciones civiles se había orquestado un 'golpe de Estado' y el fallo de hoy califica los episodios de violencia pero insuficientes para la consideración de rebelión. 

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