Este miércoles el magistrado Manuel Marchena comparecerá en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como candidato único a revalidar la presidencia de la sala de lo penal otros cinco años más. El magistrado podrá hacer balance de su gestión y presentar las líneas de su proyecto dos días después de hacerse pública la sentencia del procés de la que ha sido ponente. Al ser el único candidato, la duda es si el magistrado conseguirá la unanimidad del pleno del Consejo cuando se someta a votación. La página web del Consejo recoge cómo fue su comparecencia de media hora en septiembre de 2014, cuando se hizo con la presidencia de la sala con 12 votos por delante de Cándido Conde-Pumpido (7) y Miguel Colmenero (1). Una exposición en la que, entre otras cosas, planteó una mejor organización para que los magistrados del Supremo tuvieran conocimiento «cuando antes» de las sentencias de la Justicia europea, pidiendo descubrir «las virtudes del ordenador» para «abandonar los modelos artesanales de trabajo» y alegando que «nuestras sentencias son objeto de estudio, de censura, de aplauso y de crítica» para facilitar la tarea de documentación de los magistrados Cinco años después comparece de nuevo, esta vez sin rivales y con su sentencia más relevante hasta la fecha recién dictada: la sentencia del procés independentista unilateral que ha condenado por sedición, malversación y desobediencia a los doce acusados. Marchena también comparecerá ante la Comisión Permanente menos de un año después de su candidatura fallida a presidir el órgano de gobierno de los jueces. PP y PSOE acordaron proponer su nombre para presidir el CGPJ pero fue el propio Marchena el que renunció después de que El Español publicase mensajes de WhatsApp en los que el senador Ignacio Cosidó aseguraba que su nombramiento facilitaría al PP el control de la sala de lo penal que preside. Marchena anunció entonces que renunciaba a esta posible candidatura defendiendo su «independencia» y asegurando que «jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal».