Una farmacéutica quiere evitar en los tribunales que el Gobierno haga públicos los datos sobre la aprobación de uno de sus medicamentos
Novartis ha recurrido la decisión del Consejo General de la Transparencia que insta al gobierno a publicar los criterios económicos y terapéuticos que justifican la financiación pública de un tratamiento innovador.
La petición de información la tramitó la campaña "No es sano", una iniciativa que cuenta con el apoyo de Salud Por Derecho, Médicos del Mundo, la Organización Médica Colegial, la OCU o la Sociedad Española de Salud Pública, que busca construir un sistema de investigación de medicamentos que sea eficiente y sostenible
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Todo empezó a finales de 2018. El Gobierno anunció la aprobación de Kymriah, un medicamento innovador destinado a la leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años. Una vez que la Comisión de Precios del Ministerio de Sanidad dio el visto bueno a la terapia, No es Sano solicitó a través del portal de Transparencia la información sobre el precio y los criterios que justificaban su aprobación.
En enero de 2019 el gobierno responde aportando el coste, 320.000 euros por paciente, pero ofrece una información genérica e incompleta sobre los criterios e aprobación. La campaña recurre entonces al Consejo General de la Transparencia, que es el organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, que les da la razón e insta al ejecutivo a que faciliten los datos.
"Precios desorbitados"
Es en ese momento cuando Novartis decide llevar el caso a los tribunales para paralizar el proceso e intentar evitar, por vía judicial que No es Sano tenga acceso a esa información. Tanto Salud por Derecho como la OCU, que son dos de las organizaciones que forman parte de la iniciativa, se han personado en la causa. "Es importante conocer las condiciones con las que se ha aprobado esta terapia y su financiación", asegura Vanessa López Directora de Salud Por Derecho, "porque es importantísimo transparentar todo lo que tiene que ver con el sistema de innovación de los medicamentos y la política farmacéutica ya que gran parte de los problemas que estamos viendo de precios desorbitados o injustificados, de la insostenibilidad del sistema sanitario por el altísimo incremento de la factura farmacéutica, tienen su base en la falta de transparencia y la opacidad."
Quieren saber si el Ministerio de Sanidad ha tenido conocimiento sobre el coste-efectividad del medicamento de Novartis, las posibles alternativas terapéuticas y si ha recibido, por parte del laboratorio, información sobre costes de desarrollo e investigación del tratamiento. Este procedimiento judicial es muy importante, asegura López "porque puede sentar un precedente".
La posición de la farmacéutica
A través de un comunicado, Novartis asegura que ha decidido recurrir judicialmente la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno porque "no fue informada en ningún momento del procedimiento y, por tanto, no tuvo ocasión de ser escuchada para poder defender sus legítimos intereses".
La farmacéutica también alega que "en este procedimiento judicial se abordarán los límites al derecho de acceso a la información pública". "En este sentido", entiende la compañía, "si bien la legislación configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, este derecho debe ser ponderado y, en su caso, limitado cuando entra en conflicto con otros intereses protegidos".
Por último, Novartis señala que "este procedimiento judicial está en marcha actualmente y, por el momento, la única decisión que ha tomado el Juzgado es solicitar preventivamente al Ministerio que, en tanto no se resuelva la cuestión de fondo, no entregue la información al interesado".
