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Jueves, 01 de Octubre de 2020

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Investigan el atropello a un manifestante de varios policías en moto en Chile

La policía chilena ha abierto una investigación por el atropello a un manifestante durante una protesta en Viña del Mar

Atlas

La policía chilena ha abierto una investigación por el atropello a un manifestante durante una protesta en Viña del Mar. Un carabinero atropella con su moto al joven, cuando este trata de huir. Otro agente arrolla de nuevo al manifestante, y acelera pasándole una rueda por encima. En ese momento, la gente acude para auxiliar al joven y recriminar la actitud de los policías.

Amnistía Internacional denuncia que en la contención de las protestas de Chile se han cometido violaciones a los derechos humanos que parecen responder a un patrón, lo que fue rechazado por el Gobierno, que no obstante reconoció que se han dado casos de abusos de la fuerza.

El organismo constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves y consideró que estas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".

Estas conclusiones se recogen en el informe que AI presentó este jueves en Santiago con las principales conclusiones de una misión del organismo, que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile.

Una veintena de muertos

La crisis chilena ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando detonó la crisis tras el aumento en la tarifa del metro.

Piñera reconoció este jueves que "en algunos casos no se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público" y "se cometieron excesos y abusos".

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