Martes, 20 de Octubre de 2020

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Ciudadanos sospecha que el pacto entre Sánchez y el PNV será a costa de otras comunidades

Los servicios jurídicos del partido naranja estudian ya si hay un posible delito de revelación de secretos porque el Gobierno haya adelantado a Esquerra la opinión del Abogado del Estado sobre Junqueras antes de conocerla el Supremo

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Edmundo Bal, hace declaraciones a los periodistas.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Edmundo Bal, hace declaraciones a los periodistas. / CIUDADANOS

Ciudadanos ha puesto ya el foco de la sospecha sobre el acuerdo al que el PSOE y el PNV han llegado este lunes para que los segundos apoyen con un sí la investidura de Pedro Sánchez. Aunque de momento se desconoce el contenido de ese pacto, algo de lo que está previsto se informe después de su firma este lunes a mediodía en el Congreso, en el partido naranja consideran que ese pacto puede ser a costa de los recursos que reciban otras Comunidades Autónomas.

Así lo ha señalado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que, en Antena 3, ha lanzado una pregunta tanto a Sánchez como al presidente del PNV, Andoni Ortuzar: “¿A cambio de qué?”.

Cuestiona Bal si el acuerdo se ha producido “a cambio de más cupo vasco”. O si ha sido “a cambio de más infraestructuras hacia Euskadi que no van a ir por lo tanto, por ejemplo, hacia Extremadura”. “¿Ha sido en virtud de un criterio técnico o en virtud de un criterio únicamente político que va a suponer que los recursos públicos se orienten hacia esa comunidad autónoma en lugar de hacia otra que quizás se encuentre más necesitada?”, ha asegurado.

Análisis “con calma y sin prisas”

Por otro lado, los servicios jurídicos de Ciudadanos están ya analizando si acudir o no a los tribunales después de conocerse que el Gobierno había trasladado a Esquerra Republicana de Cataluña la opinión del Abogado del Estado sobre Junqueras antes de que la conociera el propio Tribunal Supremo.

Bal ha asegurado que esta presunta “filtración” puede ser “constitutivo de delito” aunque acto seguido ha enfriado la intención de llevar a los tribunales de inmediato: “hay que examinar este tema con calma y creo que en este tipo de situaciones no se debe dar tampoco una excesiva prisa”, ha puntualizado el portavoz adjunto en el Congreso.

En todo caso, dice Bal que “si es verdad lo que ayer [ por este domingo] dijeron los medios de comunicación y al parecer la señora Lastra [Adriana Lastra] incluso llegó a decirlo públicamente, que comunicó los elementos esenciales de este escrito a ERC, a mí me parece que pudiera ser indiciariamente o presuntamente un delito de descubrimiento o revelación de secretos o cuanto menos un delito en la infidelidad en la custodia de documentos, puesto que los funcionarios tienen que la obligación de guardar sigilo respecto a las informaciones que manejan en el desarrollo de su tarea profesional”.

Para Ciudadanos, el hecho de que Esquerra haya conocido antes que el Supremo el contenido de las alegaciones del Abogado del Estado es “un escándalo”. Como también lo es para el Partido Popular.

En el PP dicen que esto supone “el descrédito máximo” y también es como “ vender” a los españoles “a pedazos”. También critican la opacidad con la que actúa el Gobierno.

Mientras tanto, el grupo parlamentario de Ciudadanos, encabezado por Inés Arrimadas, ha presentado este lunes en el registro del Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno las responda por escrito sobre esta presunta filtración. 

En el texto Cs pregunta al Ejecutivo en funciones si “ha felicitado dicha información a los responsables políticos de Esquerra Republicana”. También “por qué motivo”. Y en caso contrario, quiere saber Ciudadanos si el Gobierno “tiene conocimiento sobre el modo en que Esquerra ha tomado conocimiento de la opoinión de la Abogacía del Estado antes de la publicación de la misma”. 

En otro orden de cosas, Ciudadanos también aprovecha este escrito para preguntar al Ejecutivo sobre posible injerencias o presiones a los miembros de la Abogacía del Estado con objetos meramente políticos o de otro tipo. 

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