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Lunes, 27 de Enero de 2020

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El Plan del Tribunal de Cuentas para 2020 fiscalizará el cumplimiento del déficit de las empresas públicas

El organismo auditará por primera vez las subvenciones al transporte aéreo en las islas. Además, auditará el gasto en personal en RTVE, Mercasa y pone el foco en los planes del cambio climático y la igualdad.

Las nuevas actuaciones no afectan a las pendientes desde 2017, como la fiscalización de la Iglesia

El Tribunal de Cuentas ha aprobado en el último pleno del pasado 19 de diciembre el programa de fiscalizaciones para 2020, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y que incluye nuevas fiscalizaciones. Entre ellas, destacan las ayudas al transporte aéreo, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, expropiaciones en materia de obras públicas, la gestión de los bienes embargados por la Tesorería de la Seguridad Social, el Museo del Prado, o la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de la carrera profesional.

De las dos fiscalizaciones más novedosas, el cumplimiento del déficit del sector público y las ayudas al transporte aéreo, el tribunal las acaba de aprobar en el Plan de 2020 pero no tiene previsto terminarlas y aprobarlas hasta 2021.

Vuelos de residentes

Las ayudas al transporte aéreo han sido noticia este año debido al negocio de las aerolíneas gracias al incremento de las subvenciones del Gobierno. En este caso, el tribunal estudiará si la reducción del 75% a las tasas aéreas de los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se ajustan a la legalidad y se aplican correctamente. En concreto, el Plan 441O de Fomento en 2018 y 2019 aprobado por el titular José Luis Ábalos. Las ayudas a los vuelos insulares, en particular de Canarias, han sido una reivindicación histórica y moneda de cambio de Coalición Canarias a la hora de aprobar los presupuestos.

Por mandato legal, el organismo fiscalizará los estados contables de los partidos políticos, las aportaciones a sus fundaciones y demás entidades con cargo a subvenciones públicas de los ejercicios 2016 a 2019.

Por iniciativa de las Cortes Generales, revisará los costes de gestión de personal en la Corporación Radio y Televisión Española y la contratación de personal del ente público de 2014 a 2019.

A iniciativa del Tribunal de Cuentas, los consejeros han puesto especial atención en las fiscalizaciones que afectan a la igualdad y al medio ambiente. El organismo auditará la gestión de los derechos de emisión de gases invernadero de 2017 a 2018; así como las actuaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el de Transición Ecológica en relación con el cambio climático.

En esta línea, se fiscalizarán también las actuaciones de defensa contra la desertificación y la extinción de incendios forestales en 2018 y el uso de inmuebles de la Seguridad Social, con especial atención a la eficiencia energética.

 En materia de igualdad, el pleno ha aprobado analizar la operativa de igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de la carrera profesional del personal del Ministerio de Exteriores, la Unión Europea y Cooperación de 2017 a 2019, aunque no se aprobará hasta al menos 2021. También está prevista la fiscalización de las medidas implantadas por las fundaciones del sector público para dar cumplimiento a la normativa de igualdad en el 2018.

 A vueltas con la Iglesia

A pesar de que el tribunal tiene pendiente la fiscalización de la Iglesia aprobada en 2017, en el plan 2020 se compromete también a fiscalizar “las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de cooperación con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los presupuestos generales de 2017”, es decir, la cooperación del Estado con las confesiones a través de los presupuestos.

En el ámbito del sector público, los consejeros han aprobado fiscalizar la actividad financiera de Mercasa, de 2017 y 2018, empresa pública inmersa en un procedimiento judicial por posible cobro de comisiones de sus exdirectivos en el extranjero. El Tribunal también fiscalizará el grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en 2018.

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