Internacional

La Generalitat vuelve al cauce de la ley y el Gobierno autoriza la apertura de tres 'embajadas' catalanas

El Gobierno autoriza la apertura de delegaciones catalanas en Buenos Aires, México y Túnez al adaptar la Generalitat su funcionamiento a lo previsto en la ley de Acción Exterior

Exteriores recurrió la apertura de la oficina de la Generalitat en Londres por considerar que vulneraba la Ley de Acción Exterior / Wikimedia Commons

La Generalitat de Catalunya podrá abrir sus delegaciones en Buenos Aires, México y Túnez, tras recibir el informe positivo del ministerio de Exteriores. El ejecutivo catalán anunció la intención de abrir estas tres oficinas antes de verano, pero cuando se publicó el decreto que las regulaba, el ministerio decidió intervenir y recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como venía sucediendo desde la crisis de 2017, apreciaban una intencionalidad claramente contraria a la establecida por la Ley de Acción y Servicio Exterior (aprobada en 2014 con Mariano Rajoy en el poder). 

Para la apertura de estas oficinas es necesaria la notificación previa a Exteriores, y que el ministerio emita un informe no vinculante. El gobierno siempre tiene la potestad de pedir a la Justicia el cierre de estas delegaciones (que tienen todas las comunidades autónomas), no sólo si se considera que vulneran la legalidad, sino si son contrarias a los intereses de España. Por ese motivo el propio Josep Borrell, en su etapa como ministro, pidió a la Justicia el cierre de varias representaciones de la Generalitat. 

En el caso de las de Túnez, México y Buenos Aires, desde el ministerio explican a La SER que la Generalitat retiró los decretos de apertura, lo que automáticamente supuso el decaimiento de los recursos contra ellos. Y a continuación presentó unos nuevos decretos, que notificó a la sede de la diplomacia española. "El ministerio propuso una serie de correcciones que la Generalitat aceptó", explican en Exteriores, quedando ajustados a lo que establece la Ley de Acción Exterior. Y ante eso el gobierno no tiene objeción alguna. 

 
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