De la tortura del "bocadillo" a golpes e inmovilizaciones como castigo
La realidad de cárceles y comisarías catalanas según el Consejo de Europa
El informe del Comité para la Prevención de la Tortura pide a la Generalitat más decisión para atajar malos tratos en sus cárceles y comisarías. / Consejo de Europa
Madrid
Golpes y puñetazos en la cabeza y el cuerpo, aporreamientos o inmovilizaciones durante horas usando las esposas a modo de castigo, o celdas malolientes sin baño. No es la realidad de la mayoría de las cárceles y comisarías en Cataluña, pero son situaciones reiteradas. El informe del Comité para la Prevención de la Tortura -parte del Consejo de Europa- documenta tras su última visita varios casos de este tipo, así como otras carencias en el sistema de centros de detención que depende de la Generalitat de Cataluña.
“Nuestra delegación -leemos en el informe- recibió unas pocas denuncias hechas por separado de reclusos que fueron golpeados con la porra mientras estaban inmovilizados con un método no autorizado llamado ‘el bocadillo’”. Ese método, del que han recibido varias denuncias independientes, consiste en esposar por muñecas y tobillos a la persona y ponerla entre dos colchonetas atadas con velcro.
Según el informe, hecho con datos recogidos durante la visita de este comité en 2018, quienes han sufrido este método de agresión explican que sucedía en la zona de duchas, que no tiene vigilancia con videocámaras. Se inspeccionaron cuatro cárceles y varias comisarías por toda Cataluña, siendo los centros que más críticas recogen la comisaría de los Mossos en Les Corts (centro de Barcelona) y la cárcel de Brians 1.
Varios de los casos de agresiones y malos tratos vienen en un contexto de ‘agitamiento’ por parte de la persona detenida (por ejemplo por oponer resistencia a los agentes). El Ministerio del Interior, que no gestiona estos centros pero es el órgano competente para responder al comité, resalta la dificultad de gestionar esas situaciones de estrés. Pero el informe insiste en que en varios casos el relato de los hechos y los informes forenses no parecen compatibles con esa justificación.
Todas estas denuncias hacen referencia a casos muy limitados. Hay otras realidades más estructurales, como por ejemplo el recurso a la inmovilización de reclusos, que se hace “como un elemento claramente punitivo”, lo que es ilegal.
Por lo general la descripción de las instalaciones penitenciarias es buena. Pero en el caso de la comisaría de Les Corts, describen algunas de sus celdas como “pobremente ventiladas, con acceso inadecuado a agua potable y a productos de higiene personal”, así como mal iluminadas.
En los últimos años las cárceles españolas -incluyendo las catalanas- han reducido su población por debajo del límite de capacidad. No es el caso en la de mujeres de Wad-Ras, en la que la superpoblación obliga a seguir usando celdas inadecuadas. “Las celdas del piso bajo están ruinosas e indecentes, son inseguras y nadie debería pasa rallí una noche”, leemos en el informe.
El informe pide a la Generalitat -que al final es la que gestiona estos centros- que adopte una política específica hacia las mujeres reclusas, que tienen problemas diferentes a los de los hombres. Por ejemplo suelen tener una mayor prevalencia de enfermedades mentales, y suelen llegar a prisión con realidades muy duras que deben ser afrontadas (por ejemplo abusos sexuales).
De manera insistente, los informes del Comité contra la prevención de la Tortura piden a las autoridades penitenciarias españolas -en este caso concreto a las catalanas- que se mejore la atención a personas con enfermedades mentales. Y señala dos aspectos relacionados con el tratamiento médico en las prisiones que debe ser mejorado: no se puede mantener una práctica de inyectar a presos sin darles unas explicaciones claras de qué y por qué se les está inyectando (sobretodo en momentos de tensión). Y las quejas de varios médicos de que se les presiona para dar por buenas las condiciones de presos para afrontar sanciones disciplinarias, como periodos de aislamiento.
