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El juez envía a prisión a Emilio Lozoya tras no aceptar la extradición

El juez Ismael Moreno decreta prisión provisional para Emilio Lozoya al apreciar riesgo de fuga. En el momento de su detención, el exdirectivo de Pemex llevaba una identidad falsa

Emilio Lozoya, en una fotografía de archivo. / Getty Images

Emilio Lozoya, en una fotografía de archivo.

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido enviar a prisión provisional al exdirector de Pémex, Ignacio Lozoya, tras tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Marbella. Lozoya se ha negado a aceptar la extradición. El magistrado podía haberle dejado en libertad a la espera de concretarse el proceso pero ha valorado el alto riesgo de fuga del ex directivo para mandarle a prisión.

Según el auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el momento de su detención, a la salida de una urbanización en Benahavís (Málaga), Lozoya "iba dentro de un taxi provisto de una licencia de conducir mejicana, con su fotografía pero a nombre de otra persona, Jonathan Solis Fuentes, de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia".

Esto, sumado a que no tiene arraigo laboral ni domicilio en España, "donde llegó hace solo dos días, según ha manifestado él mismo", ha llevado al juez a "asegurar el cumplimiento de la orden internacional de detención con medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza", señala el escrito.  

El director de Pemex entre 2012 y 2016, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, estaba en busca y captura desde mayo de 2019, y según el auto de prisión, está acusado de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con una pena máxima de 15 años.

La acusación se basa, según el auto, en que Lozoya adquirió un inmueble con el propósito de ocultar el origen de los recursos y con el contubernio de los imputados Alonso Anciara Elizondo y Gilda Lozoya, los cuales "crearon un elaborado esquema destinado a operar con recursos de procedencia ilícita". Todo ello, con el fin de ocultar sobornos "procedentes de contratos ilícitos desde petróleos Mexicanos" y causando un grave perjuicio al patrimonio público y al Estado Mexicano.

Según informó ayer la Policía Nacional, el presunto fraude lo habría cometido entre 2012 y 2013 como presunto responsable de un "entramado de corrupción".

 
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