La Audiencia de Madrid obliga a celebrar el primer juicio por agresiones a menores tutelados de Hortaleza
"Resulta evidente que se han producido lesiones sobre los menores, cuya correcta valoración jurídica debe ser objeto del pertinente juicio oral" asegura el auto al que ha tenido acceso la SER
4 menores de entre 12 y 15 años fueron presuntamente agredidos en dos ocasiones en 2016 por vigilantes de Seguridad. La Audiencia Provincial obliga a reabrir el caso tras el recurso de la Fundación Raíces y de la propia Fiscalía
Según Raíces, 57 niños y 3 niñas les han relatado "haber sufrido agresiones físicas y psíquicas en las residencias" de protección de menores de la Comunidad de Madrid
Madrid
Casi dos después de que el juzgado de Instrucción número 30 de Madrid acordara el sobreseimiento de la causa ,-el 28 de mayo de 2018- la Audiencia Provincial de Madrid ordena ahora reabrir el caso y que se celebre juicio oral, según el auto al que ha tenido acceso la SER, lo que va a suponer que sea la primera vez que se lleve a cabo un juicio en un caso de presuntas agresiones a estos menores bajo el sistema de protección de la Comunidad de Madrid.
Según la denuncia inicial, 4 niños de entre 12 y 15 años “fueron agredidos en dos ocasiones por vigilantes de seguridad” del centro “Isabel Clara Eugenia”, ubicado en el barrio de Hortaleza de Madrid, destinado a la primera acogida de menores que se encuentren en situación de desamparo y dependiente de la Comunidad de Madrid. Una residencia pública que ha sido estigmatizada por colectivos racistas y VOX con mensajes criminalizadores hacia estos niños.
El proceso se puso en marcha hace casi 4 años, desde que la Fundación Raíces, especializada en la defensa de la infancia migrante, conoció estos dos episodios de presuntas agresiones el 31 de octubre de 2016 y 7 de noviembre de ese mismo año, e inmediatamente denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia además de acompañar a los menores a centros hospitalarios.
Aunque la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid se trate de un auto de apertura de “juicio oral por delitos leves” y las penas asociadas en caso de ser condenados serían pequeñas , 3 meses de multa según el artículo 147.2 del código penal , es un caso simbólico porque es la primera vez que se llega a juicio oral por agresiones contra estos menores, hasta ahora todo se quedaba en diligencias previas, y las organizaciones que defienden a la infancia migrante esperan que con una condena se ponga fin a estas agresiones que “ a día de hoy se siguen produciendo” afirman estas fuentes de las entidades sociales.
Esta causa se inició hace más de 3 años. Ya el 13 de diciembre de 2016, el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, decidió en primera instancia, “tras unas mínimas diligencias de investigación”, transformar este procedimiento en juicio por delito leve. La Fundación Raíces lo recurrió primero ante ese juzgado y después ante la Audiencia Provincial, que a su vez en noviembre de 2017 estimó ese recurso, “ante la gravedad de los hechos denunciados, el material probatorio existente...” considerando que el Juzgado debía efectuar una instrucción mayor, practicando las diligencias de identificación e investigación que pedía Raíces.
Después de esas diligencias fue el 28 de mayo de 2018 cuando el Juzgado de Instrucción acordó sobreseer el procedimiento. Pero la Fundación Raíces elevó un nuevo recurso ante la Audiencia, recurso al que, esta vez, se adhirió también parcialmente el Ministerio Fiscal, exigiendo que se aclararan esos indicios de la existencia de un delito leve de lesiones.
Y es ahora cuando la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto firmado el pasado 18 de diciembre de 2019, estima ese recurso de Fundación Raíces y ordena al Juzgado de Instrucción número 30 que se abra juicio oral por delito leve, que se celebrará la próxima semana, el 25 de febrero.
60 agresiones documentadas por Fundación Raíces
El historial de incidentes, denuncias de agresiones, de vulneraciones de derechos de esos menores tutelados e incluso de los propios trabajadores del centro alertando de las malas condiciones en las que se ven obligados a trabajar, con hacinamiento incluido, es largo y antiguo. El sistema de protección que la Comunidad de Madrid para estos niños, que han llegado solos a España y que se encuentran en situación de desamparo, ha estado siempre en la diana de ONG como Save The Children o instituciones como el Defensor del Pueblo, que llevan años denunciando el mal funcionamiento de ese tipo de centros y de estas políticas al respecto y exigiendo medidas garantistas para los menores.
“El caso de estos cuatro niños no es un caso aislado, durante estos años, Fundación Raíces ha recibido el testimonio 57 niños y 3 niñas, que relatan haber sufrido agresiones físicas y psíquicas por parte de personal de las residencias de protección de menores de la Comunidad de Madrid” detallan a la SER, desde la Fundación Raíces.
Sin embargo, fuentes de esta entidad, también alertan de que el sistema de denuncias tampoco funciona porque “del total de los 60 niños, que a pesar de todo, se han dirigido a Fundación Raíces, solo 28 se han decidido a formalizar denuncia ante la policía o juzgados, los demás por distintas razones, principalmente el miedo, no lo han hecho” afirma Raíces.
De los casos 60 documentados por esta entidad en defensa de la infancia en solo dos, los de dos niñas, se trata de menores españolas en el sistema de protección, el resto son niños extranjeros, “todos ellos con edades comprendidas entre los 12 y 17 años”. Y afirman desde Raíces que “las agresiones fueron cometidas por vigilantes de seguridad y, en muchos casos, en presencia de educadores”, denuncian desde esta Fundación.
“La gran mayoría de los niños y niñas relatan que cuando han pedido denunciar, desde las residencias infantiles, no se les ha facilitado el acceso a la denuncia, en muchos casos no se les ha acompañado a ser atendidos a los centros de salud u hospitales y en todo caso se les ha curado en el propio centro residencial y aseguran, que el personal de los centros les ha amenazado con que si iban a Fundación Raíces , se iban a quedar “sin papeles”, sin permisos para residir en España y se les iba a complicar todo mucho” añaden desde Raíces.