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Tribunal de Cuentas

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Iglesia pone en riesgo el negocio de 13TV

El informe preliminar de fiscalización sobre las aportaciones del IRPF a la Iglesia revela los incumplimientos de la Administración en el seguimiento de las memorias económicas la Conferencia Episcopal

El tribunal concluye que la Iglesia no puede ingresar dinero de los contribuyentes a 13TV

Está previsto que el informe se apruebe en el pleno de marzo

Fotograma de un programa de Trece

Fotograma de un programa de Trece / TRECE

El informe preliminar de fiscalización de las aportaciones de la Administración General del Estado a la Iglesia pone en serias dificultades la continuidad de una de los principales inyecciones económicas que recibe 13TV. Los técnicos del Tribunal de Cuentas han detectado un flujo de hasta 20 millones de euros de la Conferencia Episcopal al canal de televisión, unas aportaciones que al proceder de las aportaciones de los contribuyentes vulneran la legislación comunitaria y que los ministerios encargados de visar las memorias de la Iglesia no han reprochado a los obispos en los últimos años.

La aportación millonaria a 13TV también vulnera el acuerdo con la Santa Sede de 1979 que rige las aportaciones del Estado a la Iglesia. Ya que se trata de mantener un negocio privado con el dinero de la recaudación del IRPF cuando el espíritu del acuerdo era mantener a la confesión religiosa hasta que pudiera ser sostenible, pero en ningún caso para colaborar en sus proyectos y negocios privados.

Según el informe de los consejeros, en el caso de 13TV se trata "20 millones de euros procedentes de fondos estatales aportados como fondos propios a una sociedad que desarrolla una actividad económica", lo cual podría "constituir una restricción de la libre competencia" además de incurrir en el artículo 107 del Tribunal de Funcionamiento de la UE.

Dejación deliberada

El informe preliminar, el primero en democracia que analiza el dinero público que recibe la Iglesia, pone de manifiesto que la dejación de la Conferencia Episcopal para esclarecer sus cuentas es responsabilidad del Estado, o en otras palabras, de una dejación deliberada que se ha producido desde los años ochenta por parte de la Administración evitando que la Iglesia cumpliera con los acuerdos y las normas europeas. 

Los consejeros señalan en el informe el hecho de que no se haya dado cumplimiento al espíritu y los objetivos del Acuerdo con la Santa Sede de 1979. "En definitiva, la ausencia de desarrollo del Acuerdo en lo referente al contenido de la memoria justificativa hace que la Iglesia utilice su propios criterios para confeccionarla. De esta manera, su contenido se ajusta mejor a una memoria de actividades de la propia Iglesia que a una justificativa".

En 2006, durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se pasó del 0,5% al 0,7% del IRPF y se estableció que el Estado se comprometía "a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su sostenimiento económico". Un compromiso que pasa por que el Estado asigne a la Iglesia "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta" que se concretó en la ley 42/2206 y el denominado Canje de Notas. 

"Esta asignación", continúa, "tiene una vocación temporal", ya que en el mismo artículo del Acuerdo "la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". 

El cambio de asignación del 0,5% al 0,7% se produjo tras un expediente de infracción a España por incumplimiento de las directivas sobre IVA en relación con el Acuerdo del 79. Para solventar ese expediente, se hizo el Canje de Notas del 2006.

Es más, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017, en respuesta a una cuestión prejudicial por la exención de un impuesto sobre construcción en aplicación del acuerdo del 79, señaló que nada impide a Iglesia desempeñar actividades económicas y no económicas. Pero en caso de recibir fondos públicos, la parte económica debe estar absolutamente diferenciada de la no económica (la estrictamente religiosa) y que el Estado debe comprobar que los fondos públicos entregados cumplen con la normativa de las ayudas de Estado, término que no se ha llevado a cabo por las distintas Administraciones.

Beneficios a costa del 0,7%

El proyecto de informe de fiscalización, al que ha tenido acceso la Cadena SER, reprocha a los obispos que tengan superávit o que al justificar los 268 millones de las arcas del Estado a los obispos lo achaquen al gasto en las diócesis sin el detalle correspondiente en la memoria económica.

El mayor reproche del informe es al ministerio de Justicia y la propia administración y que año tras año no ha elaborado un criterio para auditar las memorias. Tampoco ha seguido el objetivo del acuerdo con la Santa Sede por el cual el Estado y la Iglesia se comprometían a garantizar esta aportación a través del IRPF hasta que la Iglesia se auto financie. Ningún ministerio ha establecido criterios para este seguimiento o para intentar implementar este objetivo.

Por otra parte, señala el informe, "la referencia al IVA en el apartado ‘Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos’ es confusa, y mas cuando las exenciones del IVA a la Iglesia fueron suprimidas en 2006" y, en consecuencia, no se aplican por a administración tributaria española. Y “en ningún caso puede ser un destino posible de recursos públicos o una justificación del uso de los mismos”, señala.

Está previsto que el informe vaya a pleno para su aprobación el próximo mes de marzo.

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