Más de una decena de acusados señalan a Juan Cotino por el fraude en la visita del papa a Valencia
Estos acusados alcanzan a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que admiten los hechos, se comprometen a devolver el dinero y apuntan al exconseller y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, como el principal responsable de la contratación fraudulenta de la Gürtel para malversar más de 3.3 millones de dinero público con la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006
Juan Cotino es la persona señalada por gran parte de los acusados como responsable del fraude. (Getty Images)
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado un acuerdo de conformidad con más de una decena de las 23 personas físicas acusadas en el juicio por la contratación de la trama Gürtel para la visita del papa a Valencia en 2006, según fuentes fiscales consultadas por la Cadena SER.
El juicio comienza este lunes y cuenta entre sus principales acusados con el exconseller de Agricultura cuando tuvieron lugar los hechos y ex director general de la Policía Nacional con Aznar, Juan Cotino, a quien el Ministerio Público reclama 11 años de cárcel por malversación de caudales públicos, fraude a la administración, cohecho pasivo y prevaricación.
Cotino, Correa y Crespo niegan los hechos
Son más de una decena de acusados que admiten los hechos, pero “aún serán más”, según las mismas fuentes, que continuarán negociando hasta este domingo.
Juan Cotino; el líder de la Gürtel, Francisco Correa; o su mano derecha, Pablo Crespo; han declinado aceptar el acuerdo, pero sí otros acusados como Ramón Blanco Balín, Álvaro Pérez “El Bigotes”, y la mayoría de empresarios que participaron en la operación.
El papel “nuclear” de Cotino en el fraude
El pacto aceptado, según las mismas fuentes, pasa por la “íntegra devolución del dinero” del que cada uno se haya beneficiado y el “reconocimiento de los hechos en los estrictos términos” que establece el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Este reconocimiento implica acatar la existencia de la actividad delictiva y admitir el “papel nuclear” de Juan Cotino en la trama. Que el exconsejero valenciano de Francisco Camps, tal y como recogió Anticorrupción en su escrito, tuvo una “participación esencial” para que el “Grupo Correa” lograse “la adjudicación de contratos de forma ilícita y se apoderase de fondos públicos para el enriquecimiento personal del colectivo”.
Según el escrito de la Fiscalía cuyos “estrictos términos” reconocen los acusados que pactan sus condenas, Juan Cotino, “pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia [organizadora del evento], ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita” del Papa y “dirigía las decisiones sobre los contratos de la Fundación y la decisión de contratar la instalación de las pantallas gigantes y servicios de megafonía para que los asistentes al acto vieran al Papa en su recorrido, con un ilícito desembolso de 7.593.600 euros públicos”, de los que Correa, Crespo, El Bigotes, Balín y el ex director del RTVV, Pedro García, “se repartieron al menos 3.300.000”.
Contratos “desorbitados" a la trama por servicios no prestados
Cotino, según el escrito, también fue responsable de la adjudicación de “otro contrato referido a personal de seguridad para la vigilancia de la estructura, sonido y material de pantallas del evento V Encuentro Mundial de la Familia Cristiana, por servicios que nunca llegaron a prestarse”. Los acusados que reconocen los hechos obtienen a cambio una sensible rebaja de las penas de prisión solicitadas, “pero no hasta el punto de evitar la cárcel”, según las mismas fuentes fiscales consultadas por la SER.
La Audiencia Nacional juzgará a partir del lunes a Cotino y a otras 32 personas físicas y jurídicas por adjudicar a la Gürtel el servicio de megafonía y pantallas de la visita del Papa a Valencia por 7.5 millones públicos a través de la televisión autonómica, Canal 9, de los que supuestamente se sustrajeron 3.3 millones. El coste fue “desorbitado y notoriamente superior”, dijo el magistrado que abrió el juicio oral, José de la Mata, al trabajo realizado, y los acusados serán juzgados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento y contra la Hacienda Pública, entre otros.
