El Poder Judicial llama a filas a los magistrados: cancela los permisos y mantiene abiertos los juzgados

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una nueva medida en plena crisis por el coronavirus y ha decidido ordenar la cancelación de todos los permisos y licencias otorgados a los jueces españoles cuando dificulten la prestación de los servicios mínimos establecidos por el estado de alarma. El órgano de gobierno de los jueces especifica que son excepciones aquellos permisos concedidos previamente "por razones de enfermedad, derecho de conciliación u otras de análoga naturaleza".

La decisión de la Comisión Permanente llega en pleno estado de alarma y después de haber extendido el denominado "escenario 3" a todo el territorio nacional: se suspenden todas las actuaciones judiciales salvo una serie de excepciones. Añade ahora que "no se procederá al cierre de ningún órgano judicial sea cual fuere su naturaleza, salvo disposición de la autoridad sanitaria competente", acordando la Permanente "reunirse diariamente para efectuar un seguimiento continuo de la situación".

Además, la Comisión Permanente hace algunas puntualizaciones con respecto a los servicios esenciales (que pueden consultarse en este enlace) incluyendo entre esos servicios mínimos las decisiones sobre el internamiento de personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

• En la jurisdicción social, la suspensión de las actuaciones judiciales no se aplicará a los procesos y recursos que se consideren inaplazables en materia de conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales, despidos colectivos, expediente de regulación temporal de empleo, medidas cautelares y procesos de ejecución que dimanen de la aplicación del estado de alarma.
• Incorporar a la relacion de actuaciones esenciales las materias relacionadas con internos del CIE a los que hace referencia el artículo 62.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
• La mención a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a que se refiere el apartado 4 de las actuaciones procesales urgentes e inaplazables se ha de entender referida tanto a los Juzgados exclusivos como aquellos que con naturaleza exclusiva y no excluyente conocen de la materia.
• En el caso de que se establezcan turnos rotatorios del servicio judicial, ello ha de entenderse sin perjuicio de la absoluta disponibilidad de los jueces y magistrados titulares de órganos judiciales unipersonales y colegiados, siempre que la situación lo requiera.

El Consejo General del Poder Judicial y su Comisión Permanente extendieron a todo el territorio nacional el escenario que cancela todas las actuaciones judiciales salvo en una serie de excepciones después de haber limitado esa medida a los territorios más afectados: Madrid, País Vasco, La Rioja e Igualada pero con territorios como Castilla y León solicitando la adhesión a ese nuevo escenario más restrictivo.

El Consejo también recuerda a los tribunales territoriales que pueden "adoptar las medidas necesarias cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran" y se permite la creación de comisiones ejecutivas "más reducidas" en esas territorios donde la comisión de seguimiento "resulte muy numerosa".

Denuncian "importantes deficiencias"

La sucesión de indicaciones por parte del CGPJ en pleno estado de alarma viene acompañada por las denuncias de las asociaciones judiciales y fiscales de la falta de medios para asegurar la seguridad en los juzgados de todo el país. Las cuatro principales asociaciones de jueces emitían ayer un comunicado conjunto denunciando "importantes deficiencias en materia de medidas de protección en la prestación del servicio de guardia de muchos juzgados" y asegurando que "muchos órganos judiciales no han recibido equipos de protección y los traslados de detenidos no se están realizando respetando las recomendaciones del gobierno".

Una queja similar llega desde las distintas asociaciones fiscales con la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente mostrando su "absoluta preocupación por las condiciones sanitarias en las que se están prestando los servicios de Guardia en las Fiscalías y los Juzgados de España" y la Unión Progresista de Fiscales exigiendo que las autoridades "doten de manera urgente a los servicios de guardia, de los equipos sanitarios necesarios para ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad y salubridad".