La CEOE pide flexibilizar la legislación laboral y más papel para las autonomías en la desescalada

Madrid

“Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19”: así ha llamado la CEOE a su informe, de 18 páginas, en el que dan sus recetas para apuntalar la actividad y evitar la pérdida de empleo durante la desescalada y la “nueva normalidad”. Es un plan que incluye medidas de flexibilización laboral, de ayuda financiera y de menor presión fiscal, y que parte de un diagnóstico económico que tiene dos escenarios: uno central, en el que se recupera la movilidad durante el tercer trimestre, en el que calculan una caída de un 8% del PIB si no hay rebrote de la enfermedad y de un 12% si hay un repunte en otoño; y el otro escenario, el adverso, en el que las medidas restrictivas de la movilidad y la actividad se extienden hasta final de año, el desplome de la economía alcanzaría -según la patronal, el 15,5%.

Para los meses que vienen, desde la patronal reivindican un mayor papel de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos en la gestión de la desescalada desde el punto de vista económico y de movilidad, porque “tienen mucha más información sobre el tejido productivo y la actividad comercial, la gestión va a ser mucho más eficiente por una razón tan sencilla como su mayor proximidad al ciudadano”, decía en la presentación del informe el vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa. Además, sin querer entrar en la conveniencia o no de prorrogar el Estado de Alarma, Fernández de Mesa sí que ha dicho que es “fundamental” que continúen algunas medidas que hoy por hoy dependen de esa situación de alerta, como las ventajas para las empresas de los ERTEs de fuerza mayor o las ayudas a la liquidez, “para que haya empresas que no se vean abocadas al cierre y no se puedan recuperar”.

Entre las medidas laborales que CEOE plantea en su documento están, además de la prolongación de los ERTE, reducir el compromiso de mantenimiento del empleo y las sanciones previstas para las compañías que se sirven de estas suspensiones de empleo, volver a permitir los despidos por causas ajenas al coronavirus, y hacer más fáciles las modificaciones sustanciales de contrato (que se usan sobre todo para reducir salarios), movilidad geográfica y descuelgue de convenios, además de incrementar el tiempo en el que el empresario puede distribuir irregularmente la jornada.

También hay medidas fiscales y financieras: suprimir totalmente las cuotas a la Seguridad Social para los ERTE y reducir las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que se comprometan a mantener el empleo, agilizar los pagos de las Administraciones Públicas, agilizar el proceso administrativo de las líneas ICO, ampliar su alcance o crear nuevos programas similares adaptados a cada sector y ampliar la cobertura del Estado al 100% si es necesario. También ponen sobre la mesa extender a todas las empresas afectadas por la crisis los diferimientos y aplazamientos de deudas tributarias, aplazar la autoliquidación de impuestos al menos seis meses y suspender los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

En cuanto a las ayudas para “no dejar a nadie atrás”, CEOE propone que si se articulan rentas mínimas como la que el Gobierno quiere aprobar en mayo, que sean “eficientes, transitorias y enfocarse a la reempleabilidad de sus beneficiarios”. Además, plantean microcréditos para las personas de menores rentas, incentivar la oferta de vivienda en alquiler, facilitar la monetización de activos (fondos de pensiones, inmobiliarios…).

A medio plazo, la patronal plantea avanzar en la digitalización de la economía española, potenciar la I+D+i, reactivar la industria aumentando su peso del 14% al 20% del PIB y adaptarse a fórmulas que “han venido para quedarse”, como el teletrabajo, que según sus cálculos podría alcanzar a 4,4 millones de personas.