Sábado, 24 de Octubre de 2020

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El Tribunal Constitucional suspenderá provisionalmente el decreto andaluz sobre emisoras de radio

El recurso presentado por el Gobierno contra el decreto de la Junta de Andalucía que abre las radios municipales al capital privado será admitido a trámite por el Pleno del Constitucional que se celebra el próximo miércoles, lo que implica de forma automática la suspensión de los artículos cuestionados al menos durante un plazo de cinco meses

Fachada del edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid.

Fachada del edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)

Los magistrados del Tribunal Constitucional van a celebrar un pleno telemático el día 6 en el que consta el estudio para la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno contra el decreto de la Junta de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva.

Según establece el artículo 161.2 de la Constitución, la impugnación producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que el tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Radios pirata

La norma andaluza, aprobada el pasado 2 de abril, modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, entre ellos la normativa que posibilita que los ayuntamientos pueden lanzar a concurso frecuencias públicas de radio, dando entrada al capital privado a estas emisoras.

La modificación en el ámbito audiovisual permitiría que empresas privadas puedan gestionar emisoras de televisión y radio municipales, y también daría paso a que pudiera haber publicidad institucional en emisoras piratas.

Consejo de Estado

El dictamen del Consejo de Estado fue favorable a recurrir dos artículos clave de la nueva normativa, ambos relacionados con el sector audiovisual, por entender que la Junta no podía cambiarlos por la vía de un decreto-ley, que fue el procedimiento empleado. El Ejecutivo estimó que implicaba una doble invasión de competencias del Estado, en el terreno del sector audiovisual y en el del patrimonio histórico.

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