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Domingo, 31 de Mayo de 2020

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Coronavirus Covid-19

La Fiscalía descarta que se pueda acusar al Gobierno de no proteger a los sanitarios

El Ministerio Público se opone a la demanda presentada en el Supremo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos acusando al ejecutivo de inactividad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa / Moncloa (EUROPA RPESS)

La Fiscalía no cree que el Gobierno pueda ser acusado de no hacer todo lo posible para proteger a los sanitarios en su lucha contra el coronavirus. En un escrito el Ministerio Público ha mostrado su oposición a la demanda presentada en el Tribunal Supremo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) explicando que no aportan pruebas ni de una supuesta inacción del Gobierno para proteger a los sanitarios ni que la falta de material sea achacable a un incumplimiento de la administración.

El fiscal Pedro Crespo considera "descartada la tesis de la inactividad" y añade que "no es posible hallar en este momento procesal acreditación bastante de que" la falta notoria de material en los hospitales "se deba, de manera objetiva, primordial y determinante a un concreto e identificable incumplimiento (o incumplimientos) por la Administración de su obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales para combatir la epidemia de COVID-19" establecida en el artículo 12.4 del Real Decreto que impuso el estado de alarma.

El Ministerio Público, en un escrito de treinta y cinco páginas, pide al Supremo que resuelva el caso en sentencia pero mostrando su oposición a las alegaciones de CESM, llegando a señalar que algunas de las acusaciones se basan en "meras afirmaciones" sin pruebas, realizando comparaciones "imprecisas y genéricas" con el desarrollo de la pandemia en China e Italia sin encontrar en definitiva, con las pruebas aportadas por el momento, una conexión directa e imputable al ejecutivo.

La Fiscalía, en cualquier caso, no duda de la realidad de la falta de material que padecieron los sanitarios que han luchado durante dos meses contra el coronavirus. Es un "hecho notorio" que "los profesionales sanitarios no han contado, sobre todo en los primeros momentos de la crisis, con todos los recursos que necesitaban para hacer frente a la situación sobrevenida por la epidemia del COVID-19", dice el Ministerio Público.

Donaciones privadas y mascarillas quirúrgicas

La Fiscalía rechaza que se pueda imputar al ejecutivo como conducta antijurídica la falta de material y explica que varias de las alegaciones de CESM demuestran, de hecho, que esa inacción no ha existido. Sobre la existencia de donaciones por parte de empresas privadas destaca que el ejecutivo puso en marcha un mecanismo para facilitar las donaciones, lo que "más bien contribuiría a abonar la tesis de que en efecto se produjo, además de la actuación de los órganos administrativos en su propio marco de competencia, una actividad administrativa proactiva incluso en el ámbito de la gestión de esas iniciativas particulares". 

Lo mismo sucede con la alegación de la compra de material defectuoso por parte del Gobierno. En este momento "no se sabe ni qué controles fallaron, ni quién omitió la diligencia debida, ni si se trata del fruto de un engaño, ni si la acción pudo ser imprudente o dolosa, conocida o ignorada por los responsables directos de la operación" y sólo demuestra que "en efecto compró material –tratando de dar cumplimiento a la obligación que le imponía el RD 364/2020- y que (sin perjuicio de la pertinente investigación y exigencia de responsabilidades que procedan al respecto) al detectar que ese material no era adecuado la propia Administración lo retiró". 

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