Viernes, 14 de Agosto de 2020

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manifestación del Día de la mujer

La Fiscalía solicita el archivo del caso 8-M y señala al ejecutivo de Díaz Ayuso

El Ministerio Público le pregunta a la jueza si existe algún documento que deje claro el delito de prevaricación. La Fiscalía no lo ha encontrado

Vista aérea de la manifestación del 8M de Madrid a su paso por la Gran Vía, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que ha arrancado este domingo desde Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: "Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras".

Vista aérea de la manifestación del 8M de Madrid a su paso por la Gran Vía, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que ha arrancado este domingo desde Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: "Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras". / Fernando Villar (EFE)

La Fiscalía de Madrid ha enviado su escrito de archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo.

El escrito de la Fiscalía incide en que el delito de prevaricación administrativa solo puede perpetrarse a través de un documento administrativo que debe estar firmado por el propio alto cargo. En este caso el Delegado del Gobierno en Madrid. El problema es que no existe tal documento que incrimine a José Manuel Franco Pardo. No hay papel y por tanto no hay delito. Esta es una de las conclusiones a las que llega la Fiscalía.

Y una conclusión que para el Ministerio Publicó provoca una que este procedimiento no se ajusta a derecho: “La única posibilidad residual que queda, es considerar que el Juzgado actuante trata de dilucidar mediante la actividad instructora si el investigado hubiera podido cometer una prevaricación omisiva derivada de la posible existencia de una hipotética orden emitida por el Gobierno de España que el Delegado del Gobierno tuviera inexorablemente que cumplir; debe, no obstante, resaltarse que la hipótesis lanzada en el auto de admisión a trámite de la denuncia, no encuentra apoyo en dato indiciario alguno”.

El Ministerio Público va más allá en su examen jurídico de este asunto al señalar que las competencia en materia sanitaria depende del ejecutivo regional: “No resultaría, pues, razonable, exigir al Delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.

El próximo miércoles José Manuel Franco Pardo será interrogado, en calidad de investigado, por la jueza Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 51 de Madrid.

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