El segundo informe forense señala "que la situación de hecatombe en España se veía venir"

Madrid

El segundo informe del forense remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel antes de la jornada de declaraciones del próximo miércoles 10 de junio asegura que desde el 25 de febrero ya había "un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe" y "se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo". El forense señala que aunque se trate de un "fenómeno mundial, cada gobierno tiene su responsabilidad en función de cómo gestione el comienzo y la evolución" Y concluye "la situación de hecatombe en España se veía venir".

El escrito, de 59 páginas y al que ha tenido acceso la Cadena SER, insiste en poner el foco en la manifestación feminista del 8M y apela al "conocimiento popular" para que el Gobierno lo hibiera evitado. "No porque lo diga la OMS, ni siquiera la ministra Irene Montero, sino que forma parte del conocimiento popular, las concentraciones de personas en contacto estrecho facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas respiratorias" apunta el forense J.LR, adscrito al juzgado.

Para el forense, desde el 20 de enero “la situación era conocida a la perfección por todos los intervinientes. El ministro Salvador Illa, el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, la Directora General de Salud, Pilar Azcárraga, y el propio acusado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco". Y amplía la culpa al consejero de Sanidad en Madrid, Enrique Ruíz Escudero.

Va más allá, sobre el conocimiento de la situación, asegura que según su peritaje, la Delegación del Gobierno tenía conocimiento de cuál era la situación que había que suministrar a la población para su autoprotección por medio del distanciamiento social. Las mismas medidas que ofreció a los trabajadores de la Delegación".

En el epígrafe bajo el título "Mi impresión", continúa, "después de todo lo estudiado, tengo la impresión de que a finales de enero de 2020 había un adecuado conocimiento de la situación y se minimizó el riesgo que el coronavirus entrañaba, creyendo o diciendo que era como una gripe. Esa infravaloración del peligro está bien representada por Fernando Simón en alguna alocución pública".

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Obsesión "8 de marzo"

El informe lleva por objeto analizar, como señala el título, la "cancelación de eventos masivos del 5 de marzo al 14 de marzo de 2020", en relación a la prevaricación administrativa que investiga la juez. Sin embargo, todos los capítulos se centran en la marcha de las mujeres celebrada en Madrid. En la cronología del forense, donde destaca acontecimientos e informes desde el 30 de enero al 3 de abril, la única manifestación reseñada es el "8 MAR manifestaciones masivas en Madrid".

Conclusiones ratificadas

Tras sus reflexiones e impresiones, el forense dice ratificar las cuatro conclusiones que emitió el pasado 19 de abril "con alguna matización". Entre los doce puntos de conclusiones, asegura que las manifestaciones de personas comportan un hacinamiento de las mismas en espacios al aire libre o cerrados, el riesgo de transmitir una enfermedad como el COVID-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por gotitas y por fómites, es elevado y los participantes podían estar contagiándolo sin saberlo".

Como ya apuntó en el primer informe forense, "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas en dichos días y que haya resultado infectada por el COVID-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc."

Lo que "sí es cierto y seguro" continúa "de haberse evitado dichas manifestaciones, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para qeu los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección".

El forense señala dos avisos institucionales que no se habrían cumplido. La advertencia de la OMS del 14 de febrero "sobre la necesidad de hacer una valoración de riesgos" para la salud en la epidemia COVID-19 ante la planificación de reuniones masivas y no consta que se haya realizado". Y las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, fechado el 2 de marzo, que no se cumplieron y donde "cobra especial interés la medida de distanciamiento social".

En las conclusiones el forense J.L.R acusa a la Delegación del Gobierno en Madrid de conocer la "situación de epidemia" y ser "conscientes del peligro que entrañaba para los ciudadanos" y se dispusieron las medidas para "proteger a las personas de esa institución" y "en cambio no se instó a quienes comunicaban concentraciones en la vía pública" a disponer "de la evalución de riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban", concluye.