Los testigos niegan ante la jueza del 8-M que la Delegación del Gobierno les presionara para desconvocar

Madrid

Los testigos que han comparecido este jueves por la tarde ante la juez del 'caso 8-M' han confirmado que la Delegación del Gobierno en Madrid les llamó para pedirles que desconvocaran las concentraciones que tenían previstas celebrar después del 11 de marzo de 2020 por motivos sanitarios derivados de la crisis sanitaria del coronavirus. No obstante, han negado que en estas comunicaciones se les presionaran para cancelar los actos de protesta.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado para este jueves a un total de 15 testigos en la causa en la que se investiga el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo.

Por la tarde ha sido el turno de siete promotores de concentraciones a los que la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron para instarles a cancelar sus convocatorias por razones sanitarias. Todos ellos declararon ante la Guardia Civil, que en uno de sus informes entregado a la juez Rodríguez-Medel concluye que funcionarios de la Delegación del Gobierno llamaron a partir del 11 de marzo a promotores de manifestaciones para ordenarles, con "expresiones imperativas", que desconvocaran.

Sin embargo, los testigos han ratificado sus declaraciones ante la policía judicial pero han asegurado ante la magistrada, y a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane -que ejerce la defensa de José María Franco-, que no interpretaron las llamadas como una orden, sino más bien como una "sugerencia" por la crisis sanitaria.

Así lo ha dicho por ejemplo la portavoz de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler (APASAA), Diana Chnaiker, que ha precisado que debido a la forma en la que está redactada la conclusión de su testimonio en este documento "se malinterpreta" que ella se sintió presionada para cancelar la manifestación.

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En este sentido, ha explicado, la llamada se produce el 17 de marzo -tres días después de que se declarase el estado de alarma- para preguntarle si estaba al tanto de la situación y para pedirle que comunicara de forma oficial que la concentración no se iba a producir.

Críticas a la redacción de los informes de la Guardia Civil

La portavoz de APASAA ha señalado que envió un correo electrónico para formalizar la cancelación del acto, pero que debido a la restricción de la circulación de los ciudadanos derivada del estado de alarma entendía que la manifestación no podía tener lugar.

Así ha apuntado, que la asociación tenía convocadas en marzo otras dos concentraciones ante la Asamblea de Madrid: una el 5 de marzo que se llevó a cabo y otra el día 12, que no se produjo porque no hubo Pleno. No obstante, ha indicado que la Delegación del Gobierno no le llamó en relación a esta última y que oficialmente consta como celebrada aunque nadie acudiera a ella.

Otro de los testigos, Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, ha indicado que ha aprovechado su declaración para corregir las "tergiversaciones" que la Guardia Civil ha plasmado en su informe. Así, ha señalado que él no decidió anular la convocatoria el 6 de marzo, tal y como se relata en el documento del Instituto Armado, sino que fue el día en el que recibió la autorización para celebrar la concentración.

Ha añadido que él no llegó a recibir la llamada de la Delegación del Gobierno en Madrid porque el día 11 decidió por iniciativa propia cancelar la convocatoria fijada para el día siguiente y no para el 13 de marzo, como dice el informe. "La Guardia Civil ha tergiversado", ha llegado a decir Concha en declaraciones a los medios de comunicación.

También ha negado las presiones Santiago de la Iglesia, del Sindicato Oficios Varios del Sur CGT, que ha destacado que la Guardia Civil "abrevia" tanto su declaración que no contempla todos los "detalles" que explicó en su comparecencia.

Ha admitido que recibió la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 de marzo para pedirles que desconvocaran la concentración prevista para el 14 de marzo ante las puertas de un supermercado por el despido de una compañera y que el sindicato comunicó que seguirían adelante con sus intenciones. No obstante, fue un día después cuando decidieron desconvocar al ver las noticias sobre la posible restricción de movimientos.

Los otro cuatro testigos han manifestado también que recibieron llamadas para desconvocar como sugerencia por la deriva del coronavirus, salvo el representante de la Asociación Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe, que ha aclarado que ellos no habían solicitado autorización porque se concentran ante el Ayuntamiento de la localidad madrileña de forma esporádica.

Otros testigos

Este jueves por la mañana han comparecido como testigo cino funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid y otros tres promotores de concentraciones, que han confirmado haber recibido tales llamadas por parte de la Delegación del Gobierno días después de la celebración del 8-M. Todos ellos también han ratificado el contenido de las declaraciones que realizaron en su día ante la Guardia Civil, según han confirmado fuentes presentes en las declaraciones.

Las fechas sobre las llamadas preventivas por COVID-19 cuadran con lo manifestado este miércoles por el propio Franco durante su declaración como investigado, al reconocer que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo, un día después de la marcha feminista.

Hasta ese momento, la línea de defensa seguida por la Abogacía del Estado pasaba por asegurar que la Delegación no recibió ninguna alerta sanitaria de organismos nacionales o internacionales antes del 14 de marzo, víspera de la declaración del estado de alarma.